El gobierno federal clausuró el jueves las operaciones de la empresa Calizas Industriales del Carmen SA de CV (Calica), filial de la estadunidense Vulcan Materials, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. En un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección durante la cual se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que, con base en la legislación ambiental, “se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio”.
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En respuesta, la compañía calificó de arbitrario el cierre e informó que tiene la intención de buscar enérgicamente todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos y reanudar las operaciones normales. Para la empresa con sede en Birmingham, Alabama, la acción del gobierno mexicano es ilegal, toda vez que Calica “tiene los permisos necesarios para operar”, además de que “cumple y siempre ha cumplido con la legislación mexicana, incluidas las leyes y permisos" que regulan sus operaciones.
El lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de un “atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro país” al constatar que la compañía continúa extrayendo material, pese a que existía un acuerdo con el gobierno para detener las actividades extractivas. Desde finales de 2018, México y Vulcan Materials participan en un arbitraje bajo las reglas del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por el rechazo del gobierno de un acuerdo para desbloquear una parte de las reservas de agregados de la empresa en la nación, y el cierre de una parte de las operaciones de extracción en la zona de la península de Yucatán.
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Más allá del desencuentro entre la multinacional y el titular del Ejecutivo, lo cierto es que las actividades de Calica levantan serias preocupaciones en materia ambiental: no sólo se lleva a cabo una operación minera en la selva, sino que ésta tiene un componente subterráneo que amenaza el delicado equilibrio hídrico de una región caracterizada por su vasto sistema de aguas bajo la superficie. Para colmo, la cantera se encuentra en las inmediaciones de Playa del Carmen, uno de los destinos turísticos más importantes no sólo de la Riviera Maya, sino de todo México.
Ante este panorama, lo sorprendente –como ha señalado el propio mandatario– es que voces que se presentan como adalides del ambientalismo al criticar las obras impulsadas por la actual administración federal, y en particular en lo que respecta al Tren Maya, guardaran silencio absoluto en torno a esta amenaza contra el ecosistema. Cabe esperar que este episodio encuentre un desenlace favorable a la conservación del medio ambiente, y que sirva también para llamar la atención sobre los riesgos ecológicos que no reciben la publicidad debida, sea por ignorancia o por la falta de incentivos partidistas.
Edición: Emilio Gómez
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