Por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno de México rechazó la orden ejecutiva en la que el gobernador de Texas, Greg Abbott, instruyó a las fuerzas de seguridad estatales a aprehender y devolver a migrantes sin papeles a la frontera con México. En un comunicado, la dependencia recordó que en Estados Unidos la aplicación de las políticas migratorias es facultad exclusiva del gobierno federal, y sostuvo que la orden del mandatario local republicano “sólo se puede entender como parte de las campañas electorales en Texas”, postura refrendada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tildó la medida de inmoral y politiquera. La Casa Blanca se manifestó en el mismo sentido, al señalar que la aplicación de la ley de inmigración es competencia “de las autoridades federales y los estados no deberían entrometerse en ella”.
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Lo cierto es que no es la primera vez en que Abbott desafía abiertamente la legislación de su país para llevar adelante su cruzada xenofóbica. Desde el año pasado, puso en marcha la Operación Lone Star (Estrella Solitaria, sobrenombre del estado de Texas), enorme dispositivo con la que policías y guardias nacionales estatales se convirtieron en cazadores de migrantes, pero también se multiplicaron detenciones que parecen tener poca o ninguna relación con la seguridad fronteriza, hechos que ya son investigados por el Departamento de Justicia federal por posibles violaciones a los derechos civiles. En su mecanismo masivo de “seguridad fronteriza”, Abbott ha gastado 3 mil millones de dólares de dinero público, 5 millones sólo en la pantomima de enviar migrantes detenidos en autobuses a Washington para “llevar la crisis a la puerta del Congreso”.
Tampoco puede olvidarse que apenas en abril el gobernador reaccionó a la suspensión del Título 42 (un subterfugio implementado bajo el trumpismo a fin de usar la emergencia sanitaria como pretexto para expulsar migrantes de forma expedita, violando su derecho a la petición de asilo) imponiendo revisiones de funcionarios estatales a los camiones de carga y pasajeros que cruzan cuatro pasos fronterizos entre nuestro país y esa entidad estadunidense. Esta medida, que contraviene el tratado de libre comercio vigente, provocó retrasos de hasta 20 horas en los cruces, redujo en 70 por ciento el flujo comercial y dejó pérdidas por cerca de 42 millones de dólares a empresas mexicanas en sólo seis días.
Con sus acciones y declaraciones de los últimos meses y, sobre todo, con su obsesiva animosidad hacia la administración federal demócrata –cada tuit que publica sobre temas migratorios va acompañado por una diatriba contra el presidente Joe Biden–, Abbott pareciera apuntar a erigirse en un nuevo Donald Trump, es decir, en receptor del apoyo incondicional y la simpatía ciega de los sectores más cavernarios del electorado estadunidense. Para ello, como el magnate neoyorquino, no duda en jugar con los límites de la ley, en mentir a la luz del día y en azuzar peligrosamente a grupos racistas y xenófobos. La voluntad de identificación es tal que incluso ha revivido en su entidad el proyecto del muro fronterizo trumpiano.
Cabe desear que en la reunión que sostendrán este martes los presidentes Biden y López Obrador acuerden fórmulas que permitan dar una salida humanitaria al clamor de cientos de miles de personas que han dejado sus lugares de origen para intentar afincarse en Estados Unidos, al mismo tiempo que se desactiva a los actores políticos que usan el tema migratorio para lucrar electoralmente y exacerbar el odio.
Edición: Emilio Gómez
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La Jornada
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