Armeros: triunfo de la insensatez

El juez F. Dennis Saylor IV, del tribunal distrital de Estados Unidos en Massachusetts, desestimó la demanda del gobierno mexicano contra siete fabricantes y un distribuidor mayorista de armas de fuego, bajo el argumento de que las leyes de ese país “inequívocamente prohíben demandas legales buscando responsabilizar a fabricantes de armas por los actos de individuos que las usen para sus propósitos” y de que no hay excepciones aplicables al caso. De este modo, aunque el togado expresó “considerable simpatía para el pueblo de México y ninguna para aquellos que trafican armas a organizaciones criminales mexicanas”, garantizó la impunidad de Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta USA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing, Glock y Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety, a los que México denuncia por diseñar y fabricar armas de guerra, y comercializarlas de una manera que saben que provee de manera rutinaria a los cárteles de la droga.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ya notificó que impugnará la decisión de la Corte de Distrito en Boston y que continuará luchando contra un comercio negligente que propicia la llegada a nuestro país de hasta 597 mil armas ilegales al año.

Hasta ahora, la legislación citada por Saylor IV, la Ley de Protección del Comercio Legal en Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), firmada en 2005 por el ex presidente republicano George W. Bush, ha otorgado una patente de corso a los armeros para desentenderse de las consecuencias letales de sus actividades lucrativas.

En fechas recientes, se había abierto un pequeño resquicio para la esperanza, porque el actual mandatario, Joe Biden, enarboló como promesa de campaña la derogación de la PLCAA, y el Comité Nacional Demócrata hizo saber a los votantes que, como senador, Biden votó contra dicha medida, pero que fue aprobada debido a presiones de los armeros sobre el Congreso. También se vio como un precedente saludable que en febrero de este año Remington se convirtiera en la primera compañía de su tipo en admitir responsabilidad legal en un tiroteo masivo en el cual se usó uno de sus productos, y que accediera a un acuerdo reparatorio con familiares de las víctimas de la masacre cometida el 14 de diciembre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook, en Newtown, Connecticut.

Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos apunta a que la Casa Blanca carece de los consensos o de la voluntad necesarios para echar atrás un ordenamiento tan evidentemente insensato y contrario al interés general. Mientras Washington mantenga un marco legal que no sólo permite, sino que incentiva descaradamente la adquisición de armamento de alto poder por parte del crimen organizado, las autoridades estadunidenses carecerán de cualquier atisbo de autoridad moral para criticar los problemas de violencia que se experimentan al sur del río Bravo, y con mucha mayor razón para sugerir o intentar imponer estrategias en el combate a la criminalidad.

En este contexto, la sentencia del juez Saylor representa una derrota no para el gobierno mexicano, sino para los centenares de miles o hasta millones de personas que año con año son víctimas directas o indirectas de los grupos que amedrentan a la población y desafían a las fuerzas del orden, gracias a la capacidad de fuego que gustosamente producen y distribuyen los armeros estadunidenses, a sabiendas de quiénes serán sus clientes finales; víctimas que viven en México, pero también en la nación vecina del norte, donde estas armas mataron a 19 mil 264 personas e hirieron a 30 mil 141 en 2020, las cifras más altas en cualquier país desarrollado. En este sentido, es necesario recalcar que la demanda promovida por la cancillería mexicana obtuvo la adhesión de las principales organizaciones de prevención de violencia con armas de fuego en Estados Unidos, los procuradores estatales de 14 estados, incluida la capital, y decenas de fiscales distritales alrededor de la nación.

En suma, quizás el fallo de ayer se apegue a la letra de las leyes estadunidenses, pero va en contra de la protección de los derechos humanos, de la vida humana, de la paz social y de la más elemental sensatez.

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Edición: Emilio Gómez