En el último tercio de la gestión andresina, con una oposición partidista que no sólo no levanta vuelo, sino que está dividida, y en el contexto de presiones crecientes de los poderes de Estados Unidos y desesperación de algunas cúpulas empresariales, mediáticas y políticas porque Morena (es decir, López Obrador) acumula cada vez más fuerza institucional y parecería difícil vencerlo en 2024, ha entrado a escena un grupo internacional especializado en intrusión en sistemas informáticos (hackeo) que se hizo de una descomunal cantidad de material interno de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La primera escaramuza ha resultado relativamente incruenta: lo más relevante fue que se revelaron detalles médicos de la vulnerabilidad del presidente López Obrador, quien en otras ocasiones ha hecho referencia a algunos de sus males de salud, pero no de todos ni en la dimensión grave que muestra un episodio de enero en Chiapas.
Pero la difusión de temas polémicos no quedará en la salud presidencial, la diferencia de un muerto en la contabilidad del Culiacanazo o las diferencias de criterios en ciertos temas entre las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional. Es tal el volumen de material capturado, que su revisión y presentación periodísticas impactarán durante meses.
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Una contingencia de tal magnitud y riesgo para el aparato que actualmente gobierna a México no tiene una cara identificable ni una postura política suficientemente precisa. Se utiliza la denominación “Guacamaya” para una supuesta red de colaboración entre hacktivistas (neologismo que funde “hacker” y “activismo”), cuyo propósito explícito es defender a los pueblos originarios del continente que debería llamarse Abya Yala y no América.
Como objetivo, Guacamaya señala la batalla contra empresas que dañan el medio ambiente y, en particular, contra “los ejércitos militares y las fuerzas policiales de los estados de Abya Yala”, pues éstos “son la garantía de la dominación del imperialismo norteamericano, son la garantía de la presencia extractivista del norte global”.
Guacamaya se estrenó en marzo de este año con la revelación de datos de las compañías Guatemalteca de Níquel (CGN) y Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), de la multinacional ruso-suiza Solway; siguió con otras empresas sudamericanas, filtró datos de la fiscalía colombiana de justicia y el 19 de septiembre inició la difusión de material interno de fuerzas policiacas y militares de Chile, Colombia, Perú, El Salvador y México.
No debe menospreciarse la carga explosiva que puede haber en esos archivos. Por ejemplo, ayer fueron difundidos algunos desde la página oficial, www.enlacehacktivista.org, referidos al seguimiento y espionaje de líderes sociales, en particular lo relacionado con el movimiento zapatista. Son 26 reportes de asambleas, reuniones y toma de acuerdos, seguimientos personales, fotografías y “valoraciones” políticas de los informantes. Algunos títulos son: “Resumen de novedades”, “EZLN”, “Dr. Lumbreras EZLN”, “Eventos sociales”, “Líderes sociales” y “Sedena-Tren Maya”.
Los reportes de Sedena terminan sus fichas sobre líderes sociales con la puntualización de que “hasta el momento no se tiene conocimiento que mantenga vínculos con integrantes de organizaciones delictivas”. Los hackers comentan: “Sedena no puede decir lo mismo sobre sí misma. No hemos tenido tiempo de investigar mucho, pero acá hemos subido algunos documentos que pueden ser de interés público, donde se ve qué clase de actividades la Sedena está investigando como ‘amenazas a la seguridad nacional’, en vez de investigar al crimen organizado y otras amenazas reales”.
En Enlace Hacktivista se explica que desde julio pasado empezó el hackeo y que “todas las demás filtraciones fueron descargadas con Proxyshell, como se ve en el video, pero Sedena fue con una vulnerabilidad antigua de Zimbra. Fue simplemente usar esto para explotar la vulnerabilidad y subir una webshell, y luego usar la webshell para descargar todos los correos de /opt/zimbra/store”. ¡Hasta mañana!
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Edición: Emilio Gómez
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