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El Tren Maya, revisitado

Propongo que las obras terminen de la mejor manera y lo antes posible
Foto: Fonatur

Pareciera que el Tren Maya es ya un “toro pasado”. No obstante, todavía tenemos muchas preguntas a su alrededor, y también algunas certezas, que propongo de entrada como premisas para reanudar esta discusión. En primer lugar, creo que todos podremos estar de acuerdo en que nunca se ha presentado un proyecto integral del Tren Maya, que nos permita no solamente ver una ruta propuesta, sino una descripción detallada de las obras que lo acompañan (estaciones, patios de maniobras, centros de población, y demás que los ingenieros ferroviarios conocen muchísimo mejor que los ciudadanos comunes). En segundo lugar, creo que resulta indiscutible que el proyecto se emprendió de manera ilegal, sin satisfacer los criterios procedimentales en materia de impacto ambiental. Que después se ajustara con calzador, y con manifiestos de impacto ambiental hechos a modo y de manera parcial, es otra cosa, que no resulta particularmente satisfactoria desde un punto de vista rigurosamente legal, ni ético. El criterio preventivo de la evaluación del impacto ambiental se ha visto irremediablemente violentado, Y en tercer lugar, tampoco cabe duda del hecho de que no se respetaron los criterios de consulta previa, de manera que los pueblos indígenas de la región pudiesen decidir de manera informada y libre su anuencia a que las obras se llevaran a cabo en tierras de su propiedad, o que estas les fueran enajenadas, en los términos establecidos en el acuerdo 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Se hicieron algunos eventos de corte político que pretendían ser consultas a las comunidades indígenas, pero cualquier revisión medianamente crítica podrá verificar que no cumplen de manera satisfactoria con los criterios exigidos por los protocolos reconocidos internacionalmente.

Más allá de estas premisas, se discute sin que parezca poder alcanzarse algún consenso. No sabemos gran cosa acerca del tren, y todas las preguntas permanecen abiertas: ¿será rentable?, ¿quién se hará cargo de su operación y administración? (esperemos que no sea el ejército, profundizando en la “no militarización nacional”), ¿será preferentemente turístico, a la luz del hecho de que su trayecto parece estar relacionado con los sitios arqueológicos, las áreas protegidas, y las playas y zonas hoteleras del sureste mexicano, o se destinará a mover principalmente carga, compitiendo con el transporte carretero de mercancías, que hoy es la principal forma de abasto en la región? ¿Se terminará antes que la actual administración, o quedará como una obra pendiente para los próximos gobernantes? ¿Se podrá terminar totalmente, o privará la negativa de algunos ejidos y comunidades de acceder a que atraviese sus territorios? Podríamos seguir lanzando preguntas sin respuesta, pero para propósitos de estos párrafos, centraré mi atención en el tema del impacto ambiental.

Nadie discute que las obras del Tren Maya han tenido un efecto considerable sobre los ecosistemas por los que atraviesa. Nadie, sin embargo, parece haberlo medido con objetividad, de manera que, dependiendo a quién se le pregunte, los impactos van de catastróficos a insignificantes. Solamente podemos afirmar que irán creciendo a medida que la obra avanza. Muchos habríamos preferido que no iniciara sin una evaluación robusta de su impacto ambiental. Claro que para lograr eso, se habría tenido que contar con un proyecto integral, que permitiera formular un manifiesto de impacto ambiental de alcance regional. Esto ya no sucedió. Entre quienes consideramos que la obra se emprendió ilegalmente, hay quienes consideran que habría que detenerla, a través de movimientos sociales, o amparos. Hasta ahora ninguna de esas medidas ha resultado particularmente exitosa.

Por eso me atrevo ahora a proponer algo que a muchos podrá parecer una pendiente peligrosamente resbalosa: que las obras del tren terminen de la mejor manera posible, y lo antes posible. Después, la comunidad conservacionista, con apoyo de la academia, podrá medir de la manera más precisa posible, los impactos causados por las obras. Con esa medición en la mano, habría que exigir a la autoridad ambiental que imponga a los responsables de la obra el pago equivalente al costo de los daños; y que lo destine a fortalecer las áreas protegidas de la región, las actividades de conservación de la vida silvestre, la construcción de corredores y paisajes productivos sustentables, y la implementación soluciones de adaptación al cambio climático basadas en la naturaleza.

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Lea, del mismo autor: Nuevas áreas protegidas


Edición: Estefanía Cardeña


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