La titular de la Secretaría de Bienestar Social, Ariadna Montiel Reyes, anunció ayer que la pensión universal, que por derecho constitucional corresponde a los adultos mayores del país, se incrementará en 25 por ciento a partir del año próximo, por lo que quedará en 4 mil 800 pesos bimestrales, con la perspectiva de que para 2024 llegue a 6 mil pesos cada dos meses, tal como se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El hecho es de celebrarse por diversas razones. La más obvia de ellas es que la pensión referida es un instrumento de primer orden para evitar que la edad avanzada y la merma de capacidades físicas que suele traer aparejada se conviertan en un generador de pobreza, y particularmente de pobreza alimentaria, en un entorno social en el que los diversos regímenes de pensiones distan mucho de cubrir al conjunto de la tercera edad.
Otro de los motivos que dan relevancia a este incremento progresivo de las pensiones universales es que con ellas no sólo se benefician sus titulares, sino que también ejercen un efecto positivo sobre su entorno familiar y económico, en la medida en que significa una masiva y sostenida inyección de recursos en ámbitos sociales que la requieren con urgencia para lograr una mínima reactivación.
Y si el monto de las pensiones puede parecer insuficiente y mínimo en lo individual, cuando se observa a nivel de barrio, comunidad o municipio, es claro que tiene un efecto en el incremento del consumo e incluso en la generación de empleos, en pequeños emprendimientos familiares.
En un ámbito menos susceptible de mediciones, pero no por ello menos relevante, debe apuntarse que el hecho de que al llegar a la vejez las personas puedan contar con un ingreso fijo y seguro, así sea magro, redunda en su autoestima y en el respeto que, en no pocas ocasiones, se les escatima, por considerarlas personas improductivas o incluso “una carga” para la familia.
Las pensiones no sólo les otorgan autonomía en el manejo de su dinero, sino también la posibilidad de aportar parte de éste para contribuir con los gastos del hogar, y con ello cambia sustancialmente la situación anímica de muchos adultos mayores.
En suma, la pertinencia de haber implantado la pensión universal para adultos mayores –una medida que ya había sido adoptada en la capital de la República cuando el hoy Presidente fue su jefe de Gobierno– es una de esas acciones de política social que ningún ciudadano de buena voluntad podría rechazar.
Edición: Ana Ordaz
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