Foto: INE

El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, aseguró que un nuevo recorte presupuestal pondría al organismo en “parálisis operativa”. Por ello, sostuvo, seguramente el INE acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar la negativa de la Cámara de Diputados a entregarles los 14 mil millones de pesos que piden como presupuesto base para 2023 más 4 mil millones de pesos para la realización de una hipotética consulta popular.

 

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Las declaraciones de Jacobo Molina van en línea con el discurso esgrimido por los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama contra todo intento de racionalizar y ajustar a la realidad mexicana el gasto del INE. Asimismo, se inscriben en el ocultamiento sistemático de los recursos de que podría disponer el organismo para realizar sus tareas si no los despilfarrara en rubros que van de lo frívolo a lo inexplicable. Por ejemplo, entre 2018 y 2021 desvió casi mil 500 millones de pesos a su fideicomiso denominado Fondo para Atender el Pasivo Laboral mediante la estratagema de crear plazas y luego dejarlas vacantes, práctica denunciada como ilegal por su propio Órgano Interno de Control.

Para dimensionar la desmesura presupuestal del INE, basta con señalar que lo solicitado este año incluye 382 millones de pesos para las oficinas de los 11 consejeros y el secretario ejecutivo, así como 320 millones de pesos para pagar una “compensación especial a quienes se retiren o den por concluida su relación laboral con el organismo”, lo cual es adicional a todos los derechos y prestaciones laborales. Sólo el despacho del consejero presidente absorberá 61 millones de pesos, pues Lorenzo Córdova tiene 35 colaboradores a su servicio. Además, el instituto paga 11 mil 970 pesos al mes para alimentación a funcionarios cuyo sueldo es de 262 mil pesos, y que reciben a cuenta del erario canonjías como chofer, automóvil y gasolina, así como seguros de gastos médicos mayores, institucional, separación individualizada, retiro y vida. Amén de esta vida principesca financiada a los altos cargos, se dan gastos como 373 millones 593 mil pesos en alquiler de vehículos, 47 millones 777 mil pesos en renta de mobiliario, 134 millones 419 mil pesos en propaganda, 95 millones 885 mil pesos en “servicios de lavandería, limpieza e higiene”, 54 millones 81 mil pesos en “gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria”, o 20 millones 8 mil pesos en “apoyos a la investigación científica y tecnológica en instituciones sin fines de lucro”, por reseñar sólo algunos. Este año se pagarán 11 millones de pesos a un despacho para elaborar un “informe” sobre la gestión de Córdova, y en el pasado se ha reportado el uso de nueve motocicletas de lujo Harley-Davidson para “traslado de mensajería, paquetería y personal a bordo”.

 

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Jacobo Molina ha sido el artífice y operador de este estilo institucional en sus 14 años como secretario ejecutivo, que comenzaron en 2008 y que desde febrero de 2020 se encuentran teñidos por la sombra de la ilegitimidad. En efecto, en abril de ese año concluyeron los dos periodos que legalmente podía pasar como conductor de la estructura operativa y legal del organismo, pero los consejeros encabezados por Córdova adelantaron la renovación de su cargo sin sustento jurídico para ello, entregándole un tercer mandato bajo la argucia legaloide de que su primer periodo lo ejerció dentro del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), por lo que la creación del INE en 2014 significaría una especie de “borrón y cuenta nueva” que lo habilita para enquistarse por dos términos adicionales. La votación de febrero de 2020 que lo impuso hasta 2026 ha sido señalada como ilegal por haberse realizado antes de que concluyera su segundo periodo y con la participación de consejeros que serían remplazados (por el fin de sus mandatos) el 3 de abril, siete días antes de que concluyera el de Jacobo. Hasta el consejero José Roberto Ruiz destacó entonces que esta maniobra respondió a “consideraciones políticas desacertadas” de Lorenzo Córdova.

Si a ello se suma que Jacobo Molina es uno de los 123 miembros de la “burocracia dorada del INE” que han buscado el amparo de tribunales para incumplir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos a fin de mantener sus desorbitados e ilegales salarios, está claro que los dichos de ayer se motivan no en una preocupación por el funcionamiento de la autoridad electoral, sino en el afán de perpetuar a toda costa un régimen de excesos y derroches a expensas de la nación.

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Edición: Emilio Gómez


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