La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos resolvió ayer que debe seguir vigente la orden emitida por el ex presidente Donald Trump que obliga a expulsar del país a quienes lleguen a él pidiendo asilo. Tal directiva, conocida como Título 42, fue adoptada en el marco del desastre pandémico por el que transitó el mundo –agravado por las torpes decisiones del propio Trump– y usó como justificación la necesidad de evitar contagios por parte de los extranjeros que acuden al territorio estadunidense huyendo de la violencia o de la persecución en sus países de origen.
Incluso en aquellas condiciones de emergencia sanitaria, el veto a los solicitantes de asilo era irracional, carente de bases científicas y profundamente inhumano. Lo es más ahora, cuando la pandemia de SARS-CoV-2 ha de empezar a considerarse, a decir de las autoridades internacionales, una afección endémica. De modo que el fallo del máximo tribunal estadunidense que perpetúa la prohibición trumpiana no tiene más fundamentos que la xenofobia y el racismo característicos de la presidencia anterior.
El fallo que da vigencia indefinida al Título 42 complica la crisis humanitaria que se vive en nuestra frontera norte y coloca al gobierno mexicano en una encrucijada de muy difícil solución, pues no hay condiciones para proporcionar servicios básicos y garantizar la seguridad de decenas de miles de migrantes, pero tampoco es viable regresarlos de manera digna y segura a sus países de origen. Por ello, la resolución del máximo tribunal estadunidense no sólo es una tremenda injusticia para los viajeros, sino también un agravio para México, que se ve enfrentado a un problema en cuya génesis no tuvo responsabilidad alguna.
Por otra parte, la resolución comentada no sólo representa un acto inhumano hacia los migrantes y un gesto de grosera insensibilidad para con nuestro país, sino que también ilustra la tragedia de una Corte Suprema de Justicia dominada por actitudes reaccionarias y fóbicas en el país que se categoriza a sí mismo como “de las libertades”.
Las deplorables tendencias que imperan en el órgano máximo de justicia de Estados Unidos son también una herencia de la era de Trump, el cual alteró el equilibrio que prevalecía en la Corte al nombrar a jueces y juezas retrógrados y oscurantistas, como Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh.
Vale la pena recordar, a este respecto, los repetidos fallos de ese organismo a favor del libertinaje total en materia de adquisición y posesión de armas de guerra por parte de los ciudadanos o sus posturas contrarias a la educación sexual, a las minorías y al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. En suma, ese colegiado reaccionario es una desgracia para la propia sociedad estadunidense e incluso para su actual gobierno, pues la incapacidad de Joe Biden de hacer efectivas sus promesas de campaña se explica en buena medida por la obligación de acatar las resoluciones de una Suprema Corte de Justicia derechista y cavernaria.
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