Oderint dum metuant

Pensar que el problema de los “artesanos” (sí, entre comillas) de Chichén Itzá es un problema de comercialización y turismo, es idéntico a creer que el problema del narcotráfico en Sinaloa es un tema de productores agrícolas. Estamos frente a un tema de gobernabilidad, uno que lleva décadas enquistado en Yucatán y frente al cual hemos decidido hacernos de la vista gorda abandonando al INAH a una tarea más propia de órganos de seguridad nacional. 

Empecemos por lo obvio, los artesanos no son artesanos. Estamos frente a un negocio millonario que controlan unas cuantas familias y proveedores de baratijas (muchas importadas), que a su vez emplean a cientos de comercializadores que -abajo de ellos- contratan a cargadores e instaladores. Sí, en la casi generalidad de los casos nos encontramos con que los supuestos artesanos (los que presentan actuaciones dignas del Oscar “tallando” maderas mientras ofrecen sus mercancías), son los que tienen habilidades para vender y regatear. Previo a que esos expendedores hagan su tarea cotidiana, ya entraron a la zona unos pobres cargadores con el puesto a cuestas y después alguien acomodó la mercancía, todo para que el comercializador llegue en su rol de piloto de un avión que otros ya pusieron a punto y del que unos cuantos son dueños. Todo es una maquinaria comercial con organigramas piramidales muy claros y con distribución de ganancias en esquemas leoninos. 

¿Artesanías que tengan valor cultural? Salvo que en la tradición maya existan estelas y códices secretos no difundidos por los especialistas que ordenen la elaboración de emblemas de equipos de la NFL o estatuillas de “El Depredador”, es muy difícil encontrar el valor tradicional. Todos venden lo mismo, bajo los mismos moldes y -tal vez- producidos en las mismas fábricas masivas. Lo que tenemos es un polo de atracción comercial secuestrado a la mala y para mal, destruyendo el patrimonio arquitectónico, utilizando construcciones milenarias como bodegas y demostrando que Chichén Itzá no es Yucatán, sino territorio de excepción, una zona libre de los turisteros globales. 

Esta última oración merece análisis. Sí, todo mundo lo dice: “La principal zona arqueológica de Quintana Roo es Chichén Itzá”. Geográficamente, “El Castillo” puede estar en el estado del faisán y del venado, pero comercial y económicamente pertenece a los grandes operadores de la Riviera Maya y Cancún. Tal vez por eso se ha contaminado, desde siempre, de la lógica de violencia, inseguridad, contrabando, conflicto y ganancias salvajes que azota a Quintana Roo. 

Es increíble, pero Chichén Itzá siempre ha sido una zona donde no gobierna el entramado institucional local, sino la federación y los operadores de tours con sus redes comerciales; es una isla oscura en términos de lo que caracteriza a Yucatán respecto a su gobernabilidad. Cuando uno camina la zona se siente en tierra ajena. En ese sentido, las luchas de poder por controlar esa fuente de ingresos se han convertido en un quiste territorial y social, el problema es que los quistes pueden volverse malignos, pueden mutar en tumores peligrosos. 

Lo que ocurre en Chichén no se va a hacer más sencillo o más pequeño. Supongamos que el Tren Maya es un éxito y que Chichén “crece y crece”, pues lo mismo ocurrirá con los intereses por controlar las zonas grises y “artesanales” de ese espacio que atrae millones de turistas. Los intereses económicos que estarán en juego se multiplicarán, aparecerán nuevos “jugadores” con intereses más cuestionables y formas de actuar más “duras”. 

Chichén es un polvorín de intereses borrosos, no vaya a ser que las rieles del tren sean la mecha de ignición. La solución no se limita a ceder a chantajes carreteros que reclaman espacios de comercialización y promesas de más locales para ventas mañana, eso es sólo la superficie de un problema legal, fiscal, de tráfico y salud pública, cultural y social que es momento de enfrentar en lo local y, especialmente, lo federal. 

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Edición: Estefanía Cardeña