Los enredos de la ministra y la UNAM

En un régimen republicano, el principio de división de poderes es elemental y obedece a la necesidad de evitar la concentración de funciones en una sola persona. Un país democrático, además, establece que el contar con un poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial implica que tendrá que haber desencuentros entre ellos porque se trata de delimitar las esferas de acción de cada uno de ellos en beneficio del ciudadano.

Poco puede decirse de los poderes que resultan por elección popular. Se entiende que su legitimidad proviene de la designación mediante el voto, por lo que resultan representantes directos del pueblo. El Poder Judicial suele resultar como un ejercicio de esta representación, en la cual el Ejecutivo propone y el Legislativo selecciona y nombra.

Hay una gran responsabilidad entonces en la designación de cualquier persona al Poder Judicial pues, al no ser representantes populares, su legitimidad se funda en su preparación y trayectoria profesional. La sola sospecha de la comisión de un acto deshonesto por parte de un ministro afecta a la institución y no solamente a la persona designada para el cargo.

Así, el caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa debiera importar a la ciudadanía toda. La determinación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre el plagio de su tesis de licenciatura la rebasa y afecta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esquivel Mossa alega que la FES-Aragón, una entidad académica de la UNAM, no siguió un proceso adecuado ni una valoración de las pruebas que, según ella, determinan contundentemente que la tesis en cuestión es de su autoría. En efecto, la UNAM optó por enviar a la Secretaría de Educación Pública la solicitud para invalidar el título profesional, cosa que la dependencia no puede hacer porque quien expide el documento es precisamente la universidad.

Pareciera que nos encontramos en un punto muerto y solamente la ministra puede deshacer el entuerto, presentando su renuncia; lo cual está fuera de sus planes. Sin embargo, el escenario es el de una oportunidad desperdiciada por parte de la UNAM.

Si la universidad mira más allá de la consigna presidencial de “hacer su tarea”, pues a su solicitud debió adjuntar un dictamen y el proceso de comprobación del plagio, resulta poco creíble que se trate del único caso, incluso al ver la cantidad de asesorados que acumula su directora de tesis.

Es de suponer que en la aprobación de tesis plagiadas están involucradas muchas más personas que la asesora y la alumna, y si bien puede alegarse que la tesis no es la que otorga el grado, sí es la llave para presentar el examen correspondiente. La investigación debió comprender la ramificación del caso y así se podría cortar de tajo un foco de corrupción dentro de la universidad. La investigación debe abarcar cuántas tesis llegan al descaro de repetirse hasta en el tema (el primer paso para el examen es el registro del proyecto), quiénes fueron asesores y sinodales de esas tesis y en cuántos exámenes actuaron. En fin, la UNAM -en todo su aparato, que incluye las Facultades de Estudios Superiores- está ante una inmejorable ocasión de limpiar la mancha que el caso le ha dejado.

Mientras, un plagio afecta hoy a dos instituciones, y en algún punto estas deberán de actuar pensando más en su excelencia que en mantener en su interior a quienes les han hecho daño participando en actos de corrupción.

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 Edición: Estefanía Cardeña