Seguridad: Cuando la percepción no es realidad

La presentación de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondiente al último trimestre de 2022 reveló algunos datos que deben ser de preocupación para los gobiernos de la península de Yucatán. El principal: el aumento de la sensación de que se vive en una ciudad insegura, especialmente en Campeche y Cancún, con 66 y 82 por ciento de su población, respectivamente. Mientras, en Mérida el porcentaje es de 29 por ciento.

¿Cuál es la importancia de esta encuesta? De inicio, lo que pretende medir es cómo se siente la población con respecto al trabajo de las autoridades en una de las funciones sustantivas del Estado: el combate a la delincuencia. Esto quiere decir que se busca medir algo completamente subjetivo. Puede decirse que esto ocurre igual en las campañas políticas que miden la simpatía e intención de voto, pero la diferencia estriba en que estas se desarrollan durante lo que suele ser un bombardeo publicitario, mientras que en cuanto a seguridad la información suele darse a cuentagotas, especialmente cuando se trata de investigaciones en curso.

Dicho de otra forma, la ENSU es una evaluación al trabajo de las autoridades a partir de la opinión de la ciudadanía, pero ésta no se vincula a datos como la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, o al número de robos a casa habitación o vehículos cometidos anualmente, ni a la cantidad de asaltos frustrados. Se basa únicamente en la sensación de los encuestados.

Sin duda, el dato más alarmante para la península debe ser la ciudad de Campeche, que pasó de 42 a 66 por ciento de percepción de inseguridad entre su población. Esto quiere decir igualmente que quienes se han dedicado a hacer propaganda contra los mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de ese estado están encontrando atención entre la ciudadanía, pero también que los campechanos ya no concederán más tiempo a la “curva de aprendizaje” de sus autoridades; menos cuando la violencia se ha acercado a la capital.

La sensación de inseguridad tampoco está vinculada al presupuesto dedicado al equipamiento de los cuerpos policiacos. El hecho de que tres de cada 10 yucatecos se sienta inseguro a pesar de los primeros lugares en eficiencia y percepción de confianza en las policías es algo que debe analizarse, especialmente cuando la ENSU revela que 21 por ciento de la población mayor de 18 años tuvo contacto con autoridades de seguridad pública y experimentó algún acto de corrupción. Esto en el estado más pacífico del país según el Instituto para la Economía y la Paz.

¿Por qué la contradicción entre las cifras de evaluaciones y la percepción? La respuesta no deja de ser una hipótesis. Es posible aventurar una falla de comunicación entre gobernantes y gobernados, pero también que existe propaganda en su contra o que hay quienes aprovechan cualquier ocasión para minar los éxitos que se pueda tener en el combate a la inseguridad.

Sin embargo, tampoco puede descartarse que la ciudadanía sigue de cerca la actuación de las autoridades cuando se da un caso excepcional. Por supuesto, se expone a la infodemia, pero al mismo tiempo se construye la percepción materia de la ENSU y esto crea el desafío para la autoridad tanto en cuanto a la comunicación como a la adaptación de las instituciones a la nueva situación.

Tomemos la situación de Uber en Quintana Roo, donde los taxistas persiguen y detienen a los operadores de la aplicación acusando que su servicio es ilegal. El nuevo gobierno deberá atender y vigilar la actuación de la policía, cuyas funciones están usurpando quienes tienen concesionado el servicio, y deberá hacerlo porque al final la gran afectación es para la imagen del destino turístico.

En Campeche, la reciente balacera y hallazgo de una fosa clandestina cerca de la capital también crean expectativas sobre la actuación de las autoridades, y la ejecución de la propietaria del Hotel Cabañas Laguna, en Isla Aguada, no deja de ser una llamada de atención a los responsables del sector turístico en todo el país para revisar el modelo de Pueblos Mágicos y las “inversiones” que atrae.

La percepción no tiene por qué fundamentarse en datos objetivos, y para algunos no importarán los resultados del gobierno en combate a la inseguridad y por ello tampoco cambiarán su opinión; a las autoridades no les corresponde intentar que la percepción sea unánime, pero sí adoptar rápidamente los cambios necesarios en la estrategia de fortalecimiento de la seguridad.

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Edición:Estefanía Cardeña