30X30: Más áreas naturales protegidas

Pareciera que se trata de evitar que determinadas porciones de territorio se destinen a proyectos distintos al gran timonel
Foto: Israel Mijares

Por lo visto, la 30X30 ya no es “la carabina que los rebeldes portaban”. Ahora designa de manera coloquial el compromiso nacional para establecer nuevas áreas destinadas a la conservación, hasta alcanzar la protección formal de 30 por ciento del territorio mexicano mediante la adición de treinta nuevas áreas protegidas al sistema nacional, actualmente compuesto por 182 áreas de diferentes categorías, que cubren una superficie de cerca de cien millones de hectáreas. Esto sin considerar las diversas áreas protegidas por decretos estatales, u ordenanzas municipales. La intención, sin más, parece muy buena, e incluso quiere acercarse a los múltiples compromisos internacionales asumidos por el estado mexicano, como las metas de Aichi. Pero si la examinamos con más cuidado, la propuesta no está exenta de incongruencias y desatinos.

Desde hace cuando menos dos décadas, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha visto decaer su capacidad operativa, al tenor de sucesivos recortes de presupuesto, que la han atrapado en un absurdo “hacer más con menos” que en realidad significa que cada vez se hace menos trabajo en cada una de las áreas decretadas. No es ningún secreto el hecho de que en lugar de dotarse a cada área del personal que requiere para lograr sus objetivos de conservación, se encargue al personal ya contratado hacerse cargo de varias áreas al mismo tiempo, con lo cual todas quedan cada vez más desprotegidas. Y esto no es más que un síntoma de lo que sucede.

Pero ahora se quiere incorporar más áreas nuevas. Además de aquéllas que respondan a los diagnósticos realizados por la CONANP y la CONABIO acerca de los vacíos de conservación que enfrentan los ecosistemas de nuestro país, hay que lidiar con propuestas atropelladas como el parque nacional Jaguar, o el decreto de área natural protegida en los terrenos devastados del lago de Texcoco, donde se pretendía establecer el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Más que responder a necesidades de conservación de ecosistemas, biodiversidad y servicios ambientales, pareciera que se trata simplemente de evitar que determinadas porciones de territorio se destinen a proyectos distintos de los que proponga el gran timonel.

Parece no entenderse que la conservación cuesta dinero, y que establecer áreas protegidas sin dotarlas de presupuestos adecuados y oportunos, personal profesional comprometido y bien remunerado, y equipamiento apropiado y suficiente, no es más que crear parques de papel. Ni siquiera se cuenta con recursos financieros suficientes para efectuar estudios técnicos justificativos, que permitan decidir si en efecto merece la pena decretar una reserva, un parque o un santuario en una porción determinada del territorio, y se realizan únicamente análisis de gabinete, con la vieja información disponible, y dependiendo del trabajo del que se pueda disponer sin acudir más que al gasto corriente. Dicho de otra manera, se carga al personal ya contratado con la responsabilidad adicional de preparar la creación de nuevas, áreas, con lo cual se diluye cada vez más el nivel de atención destinada a las áreas ya establecidas.

En un escenario de crisis climática, y de erosión apresurada de la biodiversidad remanente, los esfuerzos del estado mexicano en materia de conservación de los ecosistemas nacionales, las especies que alojan y los servicios ambientales que proveen, no debería ser ni capricho del ejecutivo, ni la Bartola de los presupuestos de egresos federales (“ahí te dejo esos dos pesos”). Una verdadera transformación del régimen, que al paso que marchan las cosas tendrá que ser la quinta, ya que la 4T no lo ha tomado en consideración, implicaría dar un vuelco radical a los procesos de desarrollo nacional, en una genuina búsqueda de la sustentabilidad.

Esto significa poner la mirada en la formulación e implementación de soluciones basadas en la naturaleza, y la premisa fundamental de éstas atraviesa necesariamente por la conservación del patrimonio natural de la nación. Hasta ahora, los caminos propuestos por el estado mexicano son eminentemente conservadoras, en tanto que tienden a mantener el status quo del desarrollo: más inversión pública en proyectos de infraestructura típica (trenes, aeropuertos, y refinerías, entre otras), y más apoyos a la producción agropecuaria convencional (fertilizantes subsidiados, por ejemplo); mientras el reconocimiento del valor, y la pertinencia social, del paisaje nacional entendido como nuestro diverso patrimonio biocultural, sigue siendo un mero discurso, que es sin duda “bonito” pero que no se refleja en los presupuestos egresos.

De seguir por este rumbo, México dejará de contar, más temprano que tarde, con la base natural del desarrollo, y se irá pareciendo cada vez menos a ese “cuerno de la abundancia” que parecían sugerir los mapas de antaño. En el frenesí de esta administración por mostrar resultados concretos y construir clientelas que contribuyan a mantener operando esta pretendida transformación, el medio ambiente y sus recursos siguen permaneciendo en los últimos lugares de la atención pública. No es un buen augurio.

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Lea, del mismo autor: ¿Qué cosa es el GCF?

 

Edición: Laura Espejo


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