El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, arremetió de nueva cuenta contra la iniciativa de reforma a leyes en materia electoral conocida como plan B del gobierno federal. De acuerdo con el funcionario, las modificaciones causarán “semanas de conflicto” en 2024 a consecuencia de inequidad en las campañas e incertidumbre en los resultados, con todo y lo que ello implica en materia de gobernabilidad democrática y paz pública. Por ello, el INE impugnará al más alto nivel la legislación impulsada por el gobierno, la cual busca ensanchar la democracia, sujetar al instituto a sus funciones constitucionales específicas y reducir la injustificable cantidad de recursos públicos que año tras año se despilfarran en mantener los lujos y prebendas de la cúpula de ese organismo, así como todo el ecosistema de negocios particulares que gira en torno a los comicios.
Las palabras del consejero presidente y la actitud del resto de sus colegas, quienes han cerrado filas contra cualquier pretensión de acotar sus poderes omnímodos y antidemocráticos, constituyen una poco velada amenaza de alentar prácticas electorales ilícitas a favor de la coalición de intereses oligárquicos escondida tras las siglas de la alianza partidista Va por México, e incluso descarrilar los comicios si dichas maniobras no bastan para arrebatar a Morena la Presidencia de la República, las mayorías en el Congreso y los cargos locales en juego el próximo año.
Se trata del más reciente episodio en la historia de golpeteo contra la institucionalidad por parte de una clase política que fue derrotada por la voluntad popular en 2018 y que se niega a perder el dinero, las capacidades, influencia y negocios tejidos durante décadas a partir de su control sobre el Estado. Resulta paradójico que desde ese sector se intente confundir a la opinión pública presentando como adalides de la democracia a quienes la convirtieron en un instrumento para el intercambio de favores y el enriquecimiento personal, comenzando por los consejeros electorales y su líder, quien fue instalado al frente de este organismo clave en la vida política mexicana por y para defender los intereses del Pacto por México, la conspiración cupular surgida de los impugnados comicios de 2012, antecedente directo del Va por México; es decir, la alianza con que PAN, PRI y PRD formalizaron su sometimiento a la oligarquía empresarial, cuya figura más visible es Claudio X. González.
Tan poco importa la democracia a los dirigentes del INE, que emprenden su campaña mediática, legislativa y judicial contra la reforma impulsada desde el Ejecutivo y los grupos parlamentarios oficialistas, pese a que un sondeo encargado por ellos mismos (pagado, por supuesto, con dinero público) les mostró el abrumador respaldo ciudadano a que se termine el escandaloso dispendio que supone su confusión del estado de derecho con el lucro a expensas del erario. Es ineludible concluir que el auténtico fortalecimiento de la democracia pasa por rechazar de la manera más enérgica el chantaje de una burocracia que, según sus propias declaraciones, no confía en el pueblo, cuya voluntad está constitucionalmente obligado a proteger sobre cualquier interés particular.
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