El 17 de noviembre de 2008, Javier Herrera Valles fue detenido por “aproximadamente 20 elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”, según lo reportado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) un día después por los familiares de quien era comisario general de la citada PFP.
En mayo de 2007 había sido nombrado coordinador de seguridad regional de la PFP y “mientras permaneció en ese cargo se enteró de irregularidades, mismas que hizo del conocimiento de sus superiores jerárquicos, lo que ocasionó que el 12 de febrero de 2008 fuera removido de su función” y, “a partir del 22 de abril de 2008, empezó a ser intimidado y a publicarse notas periodísticas en las que se señalaba su participación en actividades delictivas”.
Herrera Valles fue amagado físicamente (el 28 de septiembre de 2008 lo pretendieron detener en su domicilio por una “denuncia anónima” de que en esos momentos estaba golpeando a su esposa, quien no estaba en casa y negó tal agresión) y mediáticamente (notas en su contra en ediciones del 13, 15 y 16 de mayo, y del 20 y 21 de octubre de 2008 en las páginas de Internet de El Universal y La Crónica), vigilado y presionado hasta su detención en noviembre, cuando fue apresado sin orden judicial, golpeado (fractura del noveno arco costal) y procesado bajo acusación de delincuencia organizada y delitos contra la salud.
El “delito” de Herrera Valles (quien estuvo casi cuatro años preso; también su hermano Arturo, quien era inspector general de la PFP en Tabasco) consistió en reportar a Felipe Calderón Hinojosa, mediante sendas cartas enviadas en febrero y mayo de 2008, las “irregularidades” que había observado, sin saber que el entonces ocupante de Los Pinos protegía al máximo a quien entonces y ahora ha figurado como su cómplice y socio.
La CNDH, a cargo de Raúl Plascencia Villanueva, emitió en 2011 una recomendación, con cinco puntos, que el secretario García Luna desatendió llanamente. En abril de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a estudio el caso de Javier y Arturo Herrera Valles, quienes ya habían resultado absueltos en México de las imputaciones en su contra (ironía con vista a Nueva York: a Javier lo encarcelaron y procesaron con base en denuncias de “Rocha” y de un ‘testigo protegido’ conocido solo como Pitufo).
En ese 2008 tuvieron que renunciar a la PFP el mencionado Javier, su hijo Eduardo y el hermano (de Javier), Arturo. En 2012, a su esposa Liliana “se le pidió que renunciara a su trabajo en el Poder Judicial de la Federación”. Javier ha presentado diversos recursos administrativos y judiciales en busca de ser reincorporado a su trabajo como policía, con resultados negativos hasta ahora.
Ayer, en entrevista (https://bit.ly/3YYmq7a), Javier Herrera Valles expresó que seguirá luchando para ser reinstalado en su empleo policiaco “aunque sea un día”, para luego pasar a retiro, como una confirmación de su inocencia y, a la vez, de la injusticia cometida en su contra. En agosto de 2022, la CIDH propuso al Estado mexicano acogerse a un procedimiento de solución amistosa, pero Javier no conoce la respuesta del gobierno obradorista (https://bit.ly/3Zcxz3K).
Dado el sacrificio y el servicio de Herrera Valles a la nación, al denunciar la mafiosidad de García Luna y evidenciar el cómplice conocimiento oportuno de Felipe Calderón, ¿determinará el presidente de la República la reinstalación de Herrera Valles, la disculpa pública a él y sus familiares agraviados y alguna forma de resarcimiento, que podría incluir un reconocimiento a su valor cívico?
Y, mientras este domingo los opositores al obradorismo se esfuerzan en mostrar fuerza numérica, al tiempo que batallan para eludir o disfrazar el daño colateral apellidado García Luna, ¡hasta el próximo lunes, con el priísta ex rector de la UNAM, José Narro, advirtiendo de manera provocativa que hoy se lucha en defensa del INE y tal vez después en defensa de la autonomía de las universidades públicas!
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Edición: Emilio Gómez
Un portavoz señaló que el equipo colabora con la policía en una investigación sobre los hechos
Ap
El curazoleño aportará mucha experiencia al más alto nivel y gran conocimiento sobre bateo
Antonio Bargas Cicero
La cifra contrasta con el 16 de mayo, que registró 35 asesinatos y el 17 con 58 casos
La Jornada
