El poder tras el trono

No es sano que los cargos públicos de mandos superiores, sobre todo, se prolonguen hasta convertirse de facto en la identidad de las instituciones que, siempre y en toda circunstancia, están y deben seguir por encima de los funcionarios que ahí prestan un servicio.

Una y otra vez, la derecha conservadora, los opositores del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agitan “el petate del muerto” en el que han convertido la reelección, mintiendo con la afirmación que AMLO pretende mantenerse en el poder. Una y otra vez también, López Obrador ha dejado claro que, aún cuando fue electo presidente por la abrumadora mayoría de los mexicanos y en su cuarto año de gobierno mantiene un apoyo popular superior, se retirará al concluir su periodo sexenal.

Hay que recalcar que la soberanía de la Nación mexicana, de acuerdo al artículo 39 de la Constitución, “reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

El ex presidente emanado del PAN, Felipe Calderón, acusado de arribar al poder por fraude electoral en 2006, señalado de instaurar un narco gobierno luego de que su Secretario de Seguridad Genaro García Luna fue juzgado y declarado culpable en Estados Unidos de cinco delitos vinculados con el crimen organizado, durante su gobierno modificó la Constitución 110 veces, para favorecer sus intereses. Su sucesor del PRI Enrique Peña Nieto 147 veces. De ahí proviene la mayor parte del entramado legal que sirve intereses ajenos a los del pueblo soberano. Por eso los enemigos de AMLO obstaculizan cualquier cambio y judicializan todo para imponer un legalismo que de facto anula y contraviene el mencionado artículo 39 Constitucional. El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina lleva 15 años en el cargo y el presidente del organismo público, Lorenzo Córdova lo aupó para quedarse hasta el 2026. Su sueldo bruto es de 246 mil 292 pesos al mes, muy por arriba del devengado por el presidente elegido por el pueblo soberano. Varios de los colaboradores de Jacobo Molina, como su secretario particular, su jefe de oficina y asesores, también tienen sueldos superiores al de AMLO. Las atribuciones de Jacobo Molina lo hacen “el poder tras el trono” en IFE-INE desde el 2008, ahora el poder judicial lo  reinstaló en su cargo contraviniendo la Reforma Electoral que impulsó AMLO y fue publicada en el periódico oficial el pasado dos de marzo. 

La XVII legislatura de Quintana Roo, pasó a la historia como la más repudiada, ya que a pesar de tener la mayoría abrumadora de MORENA y sus aliados, siempre estuvo al servicio del ex gobernador Carlos Joaquín del PAN-PRD, quien ahora está en la vorágine de un problema mayúsculo de “lavado de dinero y drogas” que involucra mafias de varios países, según publica Eje Central. La XVIII legislatura que preside Renán Sánchez Tajonar, en el corto tiempo que lleva en sus funciones ha sido de continuidad de la nefasta línea de abusos de sus antecesores. Ahora se aprobaron gastos por diez millones de pesos para su comodidad, con cafetería, mobiliario, computadoras de alta gama, etcétera. La austeridad republicana de AMLO no existe para ellos, sólo usaron la fuerza electoral de López Obrador para encaramarse en el poder. en fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño Estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!     

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Edición: Laura Espejo