Con la compra de 80 por ciento del negocio de generación eléctrica de la multinacional española Iberdrola en nuestro país, anunciada ayer desde Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasará de generar 39.6 a 55.5 por ciento de toda la energía del país.
En la región noreste, donde su cuota era de un testimonial 6.7 por ciento, llegará a 44.8 por ciento. Según informó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, otro aspecto reseñable de la transacción es que no impactará la deuda pública presupuestal, pues se llevará a cabo a través del Fondo Nacional de Infraestructura de México (Fonadin), “vehículo capaz de salir al mercado para refinanciarla”.
Con un valor cercano a 6 mil millones de dólares, la operación representa el cumplimiento del empeño por salvar a la CFE de la quiebra a la que se encontraba condenada bajo las administraciones neoliberales, y devolverle su papel como palanca del desarrollo y proveedora de energía con criterios sociales.
La labor ha sido titánica, pues durante 30 años los sucesivos gobernantes hicieron todo lo que estuvo a su alcance para entregar este sector estratégico a los grandes capitales nacionales y foráneos, mediante la estrategia definitoria del neoliberalismo: privatizar las ganancias y socializar los costos y los riesgos.
En este periodo, y de manera más flagrante a partir de la contrarreforma aprobada en 2013 por los partidos que ahora compiten coligados bajo las siglas Va por México, las autoridades formaron un contubernio con segmentos de la iniciativa privada para desmantelar a la empresa del Estado y convertirla en una fuente de ingresos virtualmente ilimitada para un puñado de particulares.
La embestida contra la CFE, instrumentada a través de contratos claramente lesivos para sus finanzas y para la hacienda pública, incluyó obligarla a financiar la construcción de infraestructuras cuya propiedad quedaba en manos privadas y por cuyo uso debía pagar; a absorber todos los costos de las plantas e instalaciones de respaldo necesarias para el despliegue de fuentes de energía con elevadas intermitencias, como la solar y la eólica; a sufragar la edificación y mantenimiento de gasoductos que iban a plantas inexistentes; a encargarse de manera gratuita de la distribución de energía generada por sus competidores; a efectuar una ruinosa sobreinversión en la capacidad de generar electricidad, y a vender su producción no a los precios determinados por sus propios costos operativos y necesidades, sino a los fijados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entidad explícitamente propuesta por el Banco Mundial para impulsar la privatización completa del sector eléctrico.
No puede subestimarse la significación histórica de que todo este daño, corrupción y entreguismo estén en vías de revertirse en beneficio de todos los mexicanos, de nuestro potencial industrial y nuestra soberanía nacional y energética. Con la medida anunciada ayer no sólo se garantiza la suficiencia de la producción, sino que ésta se realice y se distribuya en beneficio de las mayorías, a salvo de los sobresaltos y crisis que tienen lugar cuando un sector estratégico se deja a merced de las fuerzas del mercado, como lastimosamente constataron millones de españoles el año pasado.
Por otro lado, es llamativo el viraje de la transnacional con sede en Bilbao, que pasó de ser uno de los más beligerantes opositores a los esfuerzos del gobierno federal para reordenar la industria eléctrica nacional a declarar, en voz de su presidente global, Ignacio Sánchez Galán: “hemos entendido cuál es la política energética de su gobierno”, y manifestarse “encantada” de “colaborar” con nuestro país.
El radical cambio de actitud cobra mayor relieve a la luz de la masiva inversión de recursos humanos, mediáticos y financieros realizada por ésta y otras compañías hace dos años para descarrilar una iniciativa de reforma constitucional que tenía entre sus principales puntos una política de Estado que desde ayer es una realidad consumada, y todo ello sin el desgaste político de una larga batalla legislativa: la división del mercado eléctrico en 54 por ciento para el sector público y 46 por ciento para el privado.
El anuncio de ayer constituye, pues, un hecho de gran relevancia para las perspectivas de la soberanía, el desarrollo y el bienestar nacionales, y cabe felicitarse por ello.
Edición: Ana Ordaz
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