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Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

Sara Esperanza Sanz Reyes

Hace unos días les preguntaba a mis estudiantes universitarios/as ¿cuáles eran los recursos económicos de los que viven las familias en las áreas rurales (indígenas y/o campesinos) mientras esperaban que se cumpliera el ciclo de la cosecha? La respuesta no es simple, lo sé. Haciendo un ejercicio de caracterización pensamos que: a) Un porcentaje de los recursos vienen de políticas redistributivas para quienes cumplen con los requisitos de ser estudiantes o ejidatarios/as (a través de programas sociales, becas y subsidios), b) otro porcentaje, a través de remesas de familiares que han migrado a zonas de mayor crecimiento económico del país o el extranjero y c) agregamos que una buena parte de los recursos provienen del trabajo de las mujeres en la agricultura de traspatio donde se cultiva o cría lo que se come a diario y se comercializa el excedente, además de la venta de su trabajo artesanal como el bordado de hipiles y el urdido de hamacas. 

Pero ¿qué valor tiene este trabajo que hace posible la supervivencia familiar? En esta ocasión compartiré algunas reflexiones sobre el trabajo de las mujeres, su contribución para la sostenibilidad de la vida y su reconocimiento social. Si revisamos la historia, se pueden encontrar ejemplos de cómo el tiempo-trabajo de las mujeres ha sido la base de la subordinación, puesto que se naturaliza y se perciben como una respuesta biológica a su capacidad reproductiva, como amor y altruismo. Quizá el momento paradigmático de su visibilización fue durante la pandemia por Covid-19 donde todos y todas necesitamos ser cuidados: ¿quién no necesito del trabajo de las mujeres en los hogares y hospitales? 

Este trabajo conocido en el ámbito de las políticas públicas como “cuidados” tiene un origen polisémico y parece todo y nada. En los últimos años, desde la academia y los movimientos de mujeres se han hecho aportes para reconocer quién los provee, en qué proporción, en qué horarios, cómo calcular su costo y cómo retribuirlo adecuadamente. Una de las posibilidades sería a través de políticas redistributivas. El Investigador de la UADY, Canto Saénz (2019) reconoce que existe una persistente pobreza y desigualdad en México por la precarización del trabajo, el bajo salario mínimo y una forma de neutralizar esta desigualdad sería la generación de políticas que apunten a reducir la desigualdad y alentar el crecimiento económico, pero ¿qué políticas redistributivas necesitamos reconocer, redistribuir y pagar el trabajo de cuidados?

En la región, ha sido muy lento su reconocimiento formal y solo en tiempos recientes se incorpora en las agendas gubernamentales para el diseño de políticas públicas. Algunos ejemplos relevantes son su incorporación en la Constitución de la Ciudad de México como un Derecho (el derecho al cuidado), el Estado como cuidador en las políticas de Bogotá, Colombia y el Sistema de Cuidados en Uruguay. Sin duda, estos ejercicios muestran respuestas interesantes sobre la conexión entre el enfoque de derechos humanos y las políticas públicas. 

Particularmente en México y Yucatán podemos sumar otros dos problemas. Primero, que el trabajo doméstico no remunerado no forma parte del Producto Interno Bruno, únicamente tenemos datos reveladores a través de las cuentas satélite que elabora el INEGI. Segundo, mucho del trabajo doméstico remunerado se realiza en condiciones de precariedad laboral, la mayoría de las veces recaen en mujeres pobres, indígenas, migrantes, sin educación limitando su acceso a derechos sociales y a la participación política. En Yucatán, es la tercera ocupación que concentra el mayor número de personas (ENOE, 4º cuatrimestre 2022).

Para finalizar, retomo la reflexión de Benería (1999), a la hora de medir el trabajo doméstico familiar y su importancia en la reproducción de la vida pues señala que su contabilización económica no puede ser su fin último, sino se trata de comprender qué es lo que contribuye al bienestar social y de qué manera puede alcanzarse. 

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Sigue leyendo: ORGA: Hacia el observatorio de Gobernanza y Políticas Públicas


Edición: Estefanía Cardeña


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