Decibeles, amparos y reglamentos

Nos encontramos a un mes de que se cumplan cuatro años de la entrada en vigor de las reformas al Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida, el cual prohíbe emisiones de ruido y vibraciones por encima de los límites máximos permisibles provenientes de fuentes fijas y estacionarias.

Contar con una normativa y hacerla cumplir son cosas muy distintas, como ha hecho notar la agrupación Hagamos ruido contra el ruido, la cual incluso ya obtuvo del Juzgado Tercero de Distrito un amparo basado en que la autoridad municipal ha sido omisa en cuanto a verificar que los negocios que ofrecen música y espectáculos cumplan con no rebasar los decibeles permitidos para su giro.

Cabe recordar que la observancia del reglamento lleva mucho menos tiempo del que ha estado vigente. La pandemia de Covid-19 obligó al cierre de negocios y a una lenta reapertura. Es apenas ahora que podemos hablar de un retorno a la actividad habitual en bares, talleres, salas de fiestas y locales para eventos. No podemos decir que la autoridad fue omisa de 2020 a 2022 cuando estas empresas estuvieron cerradas y hoy en día se nota que varias dejaron de operar permanentemente.

Debe reconocerse también que la autoridad se encuentra en una posición delicada e igualmente debe ser mediadora entre los quejosos y los negocios, pues ambos son parte importante de la sociedad; los primeros son quienes alertan sobre la calidad de vida en el municipio y los segundos son un atractivo para el turismo y promueven manifestaciones artísticas y culturales, tanto a manera de espectáculo como en su oferta gastronómica; es decir, le otorgan a la urbe una posibilidad de movimiento económico del cual se benefician sus empleados y las arcas públicas.

En suma, la labor de la autoridad es procurar la coexistencia armónica entre vecinos y negocios emisores de “ruido”. Esto tiene varias implicaciones que también involucran a la ciudadanía; por principio, a los vecinos les toca vigilar cuando se pretenda cambiar el uso de suelo en su zona de residencia para beneficiar la llegada de negocios como bares, restaurantes y centros nocturnos. Ya en algún momento hubo luchas infructuosas por evitar la llegada de gasolinerías a zonas residenciales, incluso instaladas frente a escuelas; de manera que ésta es una tarea que nos corresponde a todos.

En segundo lugar, está reconocer que la queja primordial le corresponde a quienes resulten directamente afectados, es decir, a los vecinos de los negocios. Poco ayuda en la lucha contra el ruido que las denuncias provengan de personas que residen o trabajan a varios kilómetros del establecimiento contra el cual se solicite una revisión, y si bien es cierto que muchos buscan crear una buena relación con los vecinos estableciendo una red de apoyo mutuo, es lógico pensar que ésta flaqueará en cuanto haya un perjuicio grave al patrimonio o a la calidad del descanso que se pueda tener.

Por último, es necesario llegar a un punto en el cual la actuación de la autoridad resulte transparente. Que la respuesta a una queja sea la clausura inmediata no es precisamente lo más sano, pues las sanciones deben estar debidamente normadas, e igualmente las mediciones que se efectúen deben cumplir con la normativa correspondiente, pues en caso contrario es la propia autoridad la que termina por perder credibilidad. Tampoco es válido que por dejar contentos a los quejosos se dañe el funcionamiento de un negocio con una clausura, así sea por unos cuantos días, sin que haya un procedimiento regular.

Habrá que hacer, entonces, una revisión crítica de la reglamentación municipal con el objetivo de mejorarla; que a la facilidad para abrir un negocio corresponda la claridad en los procedimientos de sanción. Al final, sale ganando la ciudadanía.

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Edición: Estefanía Cardeña