Ayer se cumplió un cuarto de siglo de la masacre de El Charco, perpetrada por el Ejército el 7 de junio de 1998 en la escuela primaria de esa comunidad del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Según la versión oficial, la matanza tenía como objetivo a miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), pero los sobrevivientes y sus familiares mostraron que en el plantel se encontraban asistentes a una asamblea de campesinos.
La de El Charco es, al lado de Aguas Blancas y Acteal, una de las grandes masacres rurales perpetradas en el marco de la violencia contrainsurgente desatada por el gobierno de Ernesto Zedillo para erradicar las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sofocar por la fuerza los descontentos campesinos que crecían como resultado de injusticias ancestrales nunca resueltas, del embate del Tratado de Libre Comercio de América del Norte contra los productores agrícolas y de la aplicación indiscriminada de las fórmulas neoliberales.
Transcurridos 25 años de este crimen, las viudas y las madres de los 11 asesinados, junto con los sobrevivientes y el entorno que las apoya, continúan clamando por justicia y reparación del daño. Las víctimas relatan cómo en todo este tiempo no han tenido ninguna perspectiva de enmienda por parte de las autoridades y cómo, por el contrario, se han visto constantemente revictimizadas por engaños, burlas y persecución judicial. Es en particular agraviante que hasta la fecha no exista ninguna averiguación previa contra los responsables, pero sí cinco expedientes abiertos contra quienes salieron con vida de la agresión.
La impunidad en que se mantiene este episodio de violación extrema de los derechos humanos constituye una miseria más del sistema de justicia nacional. Ignorado por los gobiernos del propio Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, el caso de El Charco no se ha retomado a lo largo de este sexenio, lo cual resulta incomprensible en un gobierno que se desmarca de la ignominia del pasado reciente y busca sacar a la luz graves atrocidades que tuvieron lugar en nombre de un concepto de seguridad sanguinario, elitista y manchado por la corrupción.
Los muchos años transcurridos desde que se registró el crimen de Estado contra los indígenas de la Costa Chica guerrerense no pueden usarse como pretexto para escatimar esfuerzos en esclarecer los hechos, hacer justicia, reparar de manera integral el daño contra la comunidad de El Charco y establecer las más firmes garantías de no repetición.
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