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Foto: Sabina León

Fue un accidente de tránsito ocurrido el pasado martes, a menos de dos kilómetros de las oficinas de La Jornada Maya, el hecho en el que perdió la vida el niño Íker, quien ejecutaba malabares en el crucero, buscando que los conductores le dieran algunas monedas.

Dejemos de lado que la conductora responsable de atropellar al niño haya huido en un primer momento. Esto habla más del terror que produce en un individuo el verse involucrado en una muerte en la vía pública. Lo que llama la atención es que no se le haya podido detener en la huida, considerando la cantidad de cámaras de videovigilancia instaladas sobre la avenida Líbano y sus intersecciones. 

 

Lee: Investigan muerte de niño chiapaneco atropellado en Mérida

 

La muerte de Íker nos dice mucho más de los silencios que se guardan en Mérida y Yucatán en dos temas que lastiman el oído de sólo escucharlos: explotación infantil y trata de personas. Ambos problemas sociales configuran delitos e implican la operación del crimen organizado.

Nos encontramos en una época en la que el tono de un relato como A golpe de calcetín resulta ilógico, políticamente incorrecto: ¿niños dedicados a la venta de periódicos o a bolear zapatos en lugar de ir a la escuela? ¿Recorriendo las calles sin la compañía de un adulto familiar? Hoy pretendemos que el derecho a la educación se ejerza universalmente y que queramos hablar de cobertura total de escolarización en prescolar, primaria y secundaria. Sin embargo, la presencia de indígenas chiapanecos en las calles, mayormente mujeres y niños, indica que esa entidad es expulsora de población altamente vulnerable que de alguna manera llega a Yucatán y no tiene más opción que la mendicidad, y por el silencio que estas personas mantienen cuando se intenta obtener de ellas alguna información, ignoramos si son víctimas de otro tipo de explotación, como pudiera ser la sexual.

Pero sabemos que llegan, que tienen hasta ciertas facilidades para permanecer en determinados cruceros una buena parte del día, hay quienes han ubicado dónde les rentan cuartos en los que pernoctan hacinados, otros han visto los vehículos en los que los reparten por las mañanas y pasan a buscar ya de noche. Y todo esto debe estar registrado en las cámaras del C5.

Será porque los chiapanecos mantienen un perfil muy bajo, que se limitan a vender dulces y cigarros sueltos por las calles, a pedir limosna en los cruceros, a dar la imagen de menesterosos, que nadie se anima a denunciar que su presencia constituya un crimen. Pensamos que así como unos huyen de la violencia, ellos son desplazados por la miseria; no nos animamos a sospechar que son víctimas, atrapados en una red que les explota y para la cual sus vidas son desechables.

Íker, aunque se encontraba con otros menores, estaba abandonado. Eso indica que hasta el momento nadie haya reclamado su cuerpo en el Servicio Médico Forense. O sus familiares permanecen en Chiapas o, si están en Mérida, algo o alguien les impide presentarse en esas oficinas para disponer de los restos de su hijo. 

Ahora las autoridades han llamado a que “tu bondad no sea parte del problema”. Como si el cerrar la llave de la limosna frenara la trata y la explotación. La red que está detrás de este problema simplemente cambiará de escenario o destinará a sus víctimas a otras actividades tal vez más crueles. La solución al problema, entonces, no está solamente en la ciudadanía.

Y si Íker hubiera tenido la edad para ejercer derechos políticos, ¿qué sería lo que pondría en la balanza para definir su voto?

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Edición: Estefanía Cardeña


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