Aitana: lo que no debió pasar

Lo ocurrido en el hospital general de zona número 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Playa del Carmen, corrió primero por las redes sociales, con muy mal gusto. La deshumanización de la noticia es el ingrediente más efectivo para que ésta se convierta en golpeteo político y no se alcance una solución de fondo en los problemas de las instituciones de salud. 

El que la niña Aitana se encontrara ingresada por un cuadro de dengue y terminara su corta vida por el mal funcionamiento de un elevador es inconcebible. Ya el dolor de ver la muerte de un hijo es demoledor para cualquier paterfamilias, que sea por una negligencia administrativa en un lugar donde se espera que recupere la salud es una injusticia.

La primera pregunta que está en el aire, y que pasó por prácticamente todos los que han sabido de la noticia es cómo se movió el elevador si sus puertas no estaban completamente cerradas. El fallo, aun cuando se trata de un aspecto técnico, requiere una explicación.

Otro desafío a la lógica está en la narración que expuso el IMSS acerca de haber reportado un fallo relacionado con el mecanismo de apertura de puertas, pues no se explica cómo el técnico de la empresa que tiene el contrato de mantenimiento se haya retirado sin dejar ninguna notificación ni señalética; porque quiere decir que no hubo supervisión por parte del IMSS, ni comunicación para entregar el trabajo.

Prácticamente, cualquier edificio en el que hay elevadores, cuando hay un fallo en este equipo, restringe el acceso a estos en lo que llega la cuadrilla que arregle el desperfecto, y existe un supervisor que se encarga de verificar la operatividad del mecanismo y que éste funcione perfectamente, para garantizar que las personas que lo utilicen puedan hacerlo con seguridad. Si esto se hace en prácticamente todos los hoteles de la Riviera Maya, ¿por qué no se aplicó en el hospital?

El director general del IMSS, Zoé Robledo, expuso que las delegaciones del IMSS en Quintana Roo, Estado de México, Querétaro y Morelos, contrataron a través de una licitación efectuada este mismo año, a la empresa SITRAVEM. Ha salido a la luz que el domicilio de esta empresa se encuentra en obra negra, por lo que no alberga a ninguna persona que labore para esta negociación. Alguien debió darse cuenta de esta anomalía, si la licitación se hizo manteniendo la legalidad; de nuevo, la licitación se hizo en esta administración, no es ninguna herencia del neoliberalismo.

Resulta coherente que se haya presentado una denuncia en contra de SITRAVEM y de quien resulte responsable, pero la clave para que la investigación tenga credibilidad es precisamente que se encuentre a “quien resulte responsable” en esta cadena de omisiones corruptas que concluyó en la terrible muerte de Aitana; de lo contrario, parecerá que se buscará un chivo expiatorio y que ya se intentó que Víctor F., el camillero que acompañaba a la niña, fuera el hilo más delgado.

La familia de Aitana regresó a Tinum, en Yucatán, para dar sepultura a la niña. Bajo ninguna circunstancia puede decirse que pertenecen a la clase pudiente del pueblo. En los fríos números del censo, se encuentran entre la población que ha tenido que migrar fuera de su municipio y su estado para hallar oportunidades de trabajo. Vista así, la omisión en el IMSS se traduce como un atentado contra el lema de “primero los pobres”.

El IMSS ya anunció que separará del cargo a los funcionarios involucrados en los hechos. Por parte del Instituto debe haber más de uno, y no se encuentran en puestos operativos.

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Edición: Estefanía Cardeña