Banco de medicamentos, un reto al gasto público

El derecho a la salud es uno de los que más comprometidos en el mundo. El concepto mismo de salud es hoy más un espectro que algo concreto, que abarca de las dolencias físicas a las mentales, e incluso a las finanzas personales. Que un gobierno aspire a garantizarlo es siempre loable, pero por ser algo tan cotidiano es también un aspecto que se encuentra bajo escrutinio permanente.

La reciente pandemia de Covid-19 puso en crisis a prácticamente todos los sistemas nacionales de salud, muchos de los cuales salieron avante más por la voluntad y entrega del personal sanitario que por la disponibilidad de insumos y recursos para atender a los cientos de miles que recurrieron a instituciones públicas para atenderse.

La promesa de un sistema de salud “como el de Dinamarca” es plantear una meta válida, algo a lo que un país como México puede ver como ejemplo de transformación de un sistema que por mucho tiempo ha padecido de malas administraciones y en el que el derechohabiente suele encontrar trabas burocráticas, cancelaciones de estudios y cirugías porque no funciona tal o cual máquina, y en el que recientemente perdió la vida una niña por corrupción en la compra y mantenimiento de un elevador. Se cuentan con muchos parámetros para evaluar la calidad del sistema y eventualmente decir que se avanza hacia la meta.

El abasto de medicamentos ha sido uno de los puntos débiles del sector salud durante la presente administración. Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá la creación de un gran almacén de medicinas en la Ciudad de México, para que de ahí se suministren los fármacos a todas las entidades cuando se requiera.

El objetivo declarado por el presidente es “darle una salida definitiva al desabasto”, y que para ello este almacén contará con todas las medicinas del mundo en cantidades razonables, haciéndolo un “banco de reserva de medicina”.

La propuesta tiene sentido si se parte de que el sistema mexicano de salud se encuentra centralizado y el hecho de que la atención en 14 estados se encuentre federalizada no es una garantía de que los fármacos lleguen con la rapidez que se requiera para atender una urgencia. Se requiere agilizar las cadenas de suministro hacia las farmacias de cada clínica y hospital y así garantizar una atención digna a la salud. 

Porque el gran inconveniente de un almacén de medicamentos, por mejor construido que sea, es que la materia con la que trabaja tiene fecha de caducidad. Es necesario poner en la balanza qué resulta mejor: si tener la medicina guardada y que nadie tenga necesidad de usarla -y en ese caso habrá sido un gasto realizado con dinero público que no se recuperará. La comparación con un seguro resulta ociosa, pues éste se traduce en un ahorro en caso de utilizarlo. En el caso de los fármacos, la clave está en que lleguen al paciente, no sólo en tenerlos embodegados y expuestos a que en algún momento varíen las condiciones óptimas de almacenamiento.

El derecho a la salud se garantiza cuando las personas tienen acceso a la atención profesional, con especialistas que le brinden información clara y suficiente, cuando las pruebas, análisis y procedimientos exploratorios se realizan oportunamente y cuando el medicamento llega a sus manos puntualmente, sin tener que esperar por meses a que les sea surtida una receta porque el fármaco que requieren está en la Ciudad de México. 

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Edición: Estefanía Cardeña