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Sara Esperanza Sanz Reyes y María Beatriz Tzuc Dizb

Septiembre es el mes de acción global por el aborto legal y seguro, particularmente el día 28 se realizan movilizaciones donde se insiste en este derecho. Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales los artículos que criminalizan el aborto en el Código Penal Federal y obligó al Congreso a derogar dicha normatividad como respuesta a un amparo promovido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Esta noticia se suma a la sentencia del poder judicial de Aguascalientes en el mismo sentido. Con este estado, se suman 12 que despenalizan el aborto, 10 por la vía legislativa y dos por la vía judicial. Si bien esto tiene repercusiones distintas en el acceso a los servicios de salud que se brindan a nivel federal y estatal, representa un avance en el derecho a la salud y a la libertad reproductiva. 

Es evidente que estos cambios no serían posibles sin la incorporación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género en los distintos espacios de poder y el avance de la participación de las mujeres en la política. Por tal motivo, en este artículo reflexionaremos sobre el concepto de paridad y otros pendientes en la contribución de las mujeres en la toma de decisiones y gobierno. Para comenzar, la paridad es el principio que garantiza el acceso a puestos de representación política y laboral en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. También se puede hablar de paridad vertical que implica ocupar cargos de primer y segundo nivel y, la paridad horizontal en órganos colegiados, comisiones de ingreso, jurados, etc. No obstante, se trata de garantizar que quienes acceden a estas posiciones sean reconocidas y retribuidas económicamente en igualdad de circunstancias. 

Por ejemplo, las mujeres ganan 24 por ciento menos que los hombres (UNWomen, 2015) y datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y el IMCO señalan que en 2022 por cada 100 pesos que un hombre ocupado percibió en ingresos laborales una mujer recibió 86 pesos, lo que implica una brecha de 14 por ciento. Por su parte México Cómo Vamos reportó una brecha en horas trabajadas en tareas del hogar y de cuidados (no remunerado) de 19 para hombres y 42 horas para mujeres. 

Haciendo un repaso de los pendientes, este año se abre la posibilidad de que una mujer ocupe el cargo de rectora de la UNAM porque se presentaron cinco candidatas de un total de 17 propuestas y en el 2024 se renovará la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, nueve gubernaturas (incluida la Ciudad de México) y otros tantos congresos locales. En las candidaturas que conocemos hasta ahora es relevante la participación de las mujeres, sea por el imperativo de paridad establecido en nuestra legislación o como señal del cambio cultural en nuestro país. 

Si bien, México ocupa el primer lugar con el mayor porcentaje de mujeres en los parlamentos entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el reto es avanzar hacia una representación sustantiva, de acuerdo a García Méndez (2009) significa que quien ocupe un cargo actúe de forma independiente, con discreción y discernimiento. Es decir, transitar del imperativo de la regla de paridad, de colocar a mujeres en puestos política y estratégicamente correctos hacia otras formas de liderazgo, mediación y ponderación en la resolución de los asuntos públicos. Además, abandonar el esquema de que los programas, proyectos y actividades con perspectiva de género son únicamente para mujeres y dejar de mirar a estos como menores, complementarios, normativamente necesarios y también transversalmente incómodos.

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Lea, de la misma columna: Geografía de la desigualdad y dengue en Yucatán


Edición: Fernando Sierra


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