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La noticia podría ser de hace 30 años, por lo menos, de cuando México “descubrió” que un ferrocarril de carga llamado “La Bestia” llevaba sobre sus lomos un flete irregular, consistente en cientos de personas, generalmente provenientes de Centroamérica, cuya intención era llegar a Estados Unidos. De no ser por un grupo de mujeres, Las Patronas, que se organizaron para hacerles llegar algo de comida y agua a estos migrantes al paso del tren por Veracruz, poco se sabría de esta práctica.

Que centenares de migrantes arriesguen su vida convirtiéndose en lastre para los trenes mexicanos no es nuevo. Lo que no llega a los medios es cuántos sufren lesiones incapacitantes, cuántos son asaltados en el camino; cuántas mujeres violentadas sexualmente, cuántos caen en manos del crimen organizado, cuántos encuentran la muerte en lo que creen es el camino a una mejor vida.

En estos días ha llamado la atención que Ferromex, empresa de Grupo México haya anunciado que “se ve obligado a suspender movimiento de trenes de carga para proteger la integridad de personas migrantes”. Esto implicó detener 60 convoyes, una medida que por primera vez toma el negocio de Germán Larrea, cuya actividad empresarial no se ha distinguido por proteger la vida humana.

 

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Independientemente de la responsabilidad de Ferromex por permitir ese traslado irregular de personas, también la hay por parte del gobierno federal, que en todos estos años tampoco ha logrado ofrecer una vía de tránsito segura a los migrantes. No se trata sólo de lo hecho por la actual administración, sino de por lo menos las tres previas; como si se tratara de decir que, mientras no provocaran líos, los desposeídos centroamericanos podían hacer lo que quisieran al atravesar México.

Este miércoles, policías estatales y de la Guardia Nacional detuvieron un tren de carga en Coahuila. A bordo, en los techos de los vagones, viajaban alrededor de 2 mil migrantes, con la esperanza de llegar a Piedras Negras y tal vez cruzar a Estados Unidos por Texas.

El Instituto Nacional de Migración (INM) ha señalado que no hay antecedentes de un contingente de extranjeros de esa magnitud haya sido detectado, pero tal vez esa declaración diga más de las irregularidades en el propio INM que de las veces que realmente miles de personas se han desplazado encima de un tren desde la Ciudad de México a cualquier punto de la frontera norte.

 

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Detener temporalmente el tráfico de trenes es una medida positiva siempre que implique la aplicación de una política de seguridad tanto para la empresa y los cargamentos que traslada como para los migrantes. No olvidemos que es su personal el que les permite abordar los convoyes, y tampoco que la diversidad de materiales que se mueven por tren incluye productos peligrosos.

También es necesario hacer un alto y meditar que los ferrocarriles de Ferromex alcanzan una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, que ya es bastante riesgosa para alguien que se encuentre encima de un vagón, expuesto a los elementos. Ahora proyectemos a un futuro cercano: ¿qué pasaría si un grupo de migrantes, o una sola persona, se atreviera a abordar el Tren Maya en Bacalar de la misma manera que si se tratara de “La Bestia”? Estaríamos ante una tragedia. De ahí que no se pueda decir que se respeta el derecho al tránsito de los migrantes cuando su movilidad se da en condiciones de alto riesgo.

Si al gobierno mexicano le interesan los migrantes, como sostuvo el presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles, tendríamos que ver una política de acompañamiento por parte del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y el sistema de salud; una preocupación real por el bienestar de esta población que por ratos recibe atención, cuando lo habitual es que sea invisibilizada.

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Edición: Fernando Sierra


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