En el nuevo episodio de la confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que para el primero representa a todo el Poder Judicial, esta semana se han dado a conocer dos decisiones que resultan llamativas ya que dejan ver que la Corte está resolviendo caso por caso en los asuntos más relevantes para el Estado, aunque no por ello sus fallos dejen de ser polémicos.
En principio está la decisión de la primera sala de la SCJN, de desechar el recurso de amparo del gobierno de Chihuahua mediante el cual se buscaba impedir la distribución de los libros de texto gratuitos (LTG), argumentando que esta demanda no aduce violaciones a la Constitución. Ahora bien, la primera sala la integran los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara; estos últimos llegaron a la Corte propuestos por AMLO, pero sus votos no han sido siempre en coincidencia con el Ejecutivo, como sí han votado las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
El proyecto de Zaldívar destacaba que el Ejecutivo de Chihuahua carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional con respecto a la distribución de los LTG. Desechado el proyecto, quien resulta mermada en su credibilidad es la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, porque buscó el amparo presionada por grupos de ultraderecha. Una gran diferencia se vio en Yucatán, donde las autoridades educativas abrieron mesas de análisis y reconocieron que los libros son una herramienta en manos de los docentes y que mientras estos estén mejor preparados, mejor aprovechados estarán los libros.
Una decisión favorable al Ejecutivo federal, aunque no por las razones que alegó la Consejería Jurídica. Esto igualmente beneficia a la Presidencia, pues una vez desechado el recurso no era necesario entrar a fondo y entonces demostrar que el gobierno aquella entidad estaba falseando información. Se evitó un conflicto entre el ámbito local y el nacional, con su correspondiente desgaste.
La otra decisión del Poder Judicial de la Federación, específicamente de un juez de distrito y tres magistrados de la SCJN, fue negar una orden de aprehensión contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico, a quien en México se acusa de enriquecimiento ilícito. Esto, para el Presidente, es prueba de que el Poder Judicial “está podrido”, aunque nada dice de la responsabilidad que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) en la integración del expediente para obtener dicha orden de aprehensión.
La FGR ya anunció que emprenderá acción penal contra el juez Gerardo Genaro Alarcón López y Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, magistrados del Primer Tribunal Colegiado Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, en lugar de revisar si hizo correctamente lo que le correspondía en la presentación de los datos de prueba, lo cual incluye que estos hayan sido obtenidos en forma lícita.
En el contexto de enfrentamiento entre poderes, la decisión del juez y magistrados resulta controversial, por decir lo menos, aunque se demuestre que está apegada a derecho. Pero quienes pierden cuando una dependencia realiza mal su labor y los juzgadores no siguen la consigna porque incurrirían en un delito grave, somos quienes componemos la ciudadanía.
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