De dineros y gobiernos

Entre los aspectos más difíciles de conciliar en la relación entre los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, está el presupuesto que se destina a los dos últimos a través de participaciones. Las decisiones políticas suelen producir tensiones que terminan considerándose agravios, pero cuando se trata de dinero existe un acuerdo implícito de evitar los conflictos, en primer lugar porque los estados participan, a través de sus diputados, en la elaboración de las leyes de Ingresos y de Egresos.

Otro punto en el que hay acuerdo es que el dinero que se asigna a las participaciones federales depende completamente de la suma que recaude el Servicio de Administración Tributaria (SAT); es decir, de qué tanto se obtenga a través de los impuestos. 

Durante la presente administración federal, una política de la Secretaría de Hacienda y el SAT ha sido no condonar impuestos a los grandes contribuyentes y recuperar créditos fiscales; es decir, hacer que ingresen a las arcas los impuestos que diversas empresas adeudaban. Esto ha llevado a una recaudación más eficiente pero también a obtener ingresos mayores a una normalidad, que estaría definida en el punto de equilibrio en que todos los contribuyentes se encuentran al día en sus obligaciones fiscales.

Entonces, era previsible que la proyección de recaudación para 2024 fuera menor a la del año en curso, y que la cantidad de dinero a distribuir iría también a la baja. Es de suponerse que, de existir comunicación entre el Ejecutivo local y los diputados federales, se pudiera haber negociado un tope en la reducción de las participaciones para asegurar que los proyectos estratégicos que se tengan cuenten con recursos suficientes.

Es cierto que el presupuesto federal destinado a Yucatán ha tenido reducciones. En 2019, 2020 y 2021, pero también que en 2022 y 2023 tuvo ligeros incrementos. Actualmente, el presupuesto del estado es de 42 mil 210. 9 millones de pesos. El proyecto para el próximo año es de -1.7 por ciento, equivalente a 713 millones de pesos, según reporta la Secretaría de Administración y Finanzas de Yucatán.

Estos 713 millones de pesos parecieran no ser mucho en comparación con el total, pero es simplemente una cantidad con la que no se contará y son necesidades que se tienen que postergar. Ahora bien, el impacto se da en los llamados recursos de libre disposición, los que en la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán se definen como los ingresos locales y las participaciones federales, y en su caso los que se reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que no estén destinados a un fin específico; es decir, en los recursos no etiquetados.

Aunque suene a que es posible disponer arbitrariamente de estos recursos, lo cierto es que su existencia es fundamental cuando se requiere contratar un crédito con la banca o atender una emergencia por desastres naturales. Una reducción en el presupuesto, de la magnitud que sea, obliga a extremar la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, algo en lo que las autoridades de Yucatán han probado su eficiencia, y esto conforme a distintos indicadores y evaluadores, que incluyen a la iniciativa privada y a la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Igualmente, la actual administración estatal debe reconocer su responsabilidad en el crecimiento demográfico que ha tenido Yucatán en los últimos años, cuestión que no tiene relación con el presupuesto federal, sino que es resultado de la promoción que se ha hecho y de haber conseguido transformar a la entidad en “un polo de desarrollo más que interesante”. Debemos mirar en el futuro que el despegue económico de Yucatán se refleje en la captación de recursos propios y que estos se apliquen con la misma disciplina en futuros presupuestos.

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Edición: Estefanía Cardeña