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En un país tan extenso como México, la geografía determina cuáles son los desastres naturales más probables según las características del terreno. La población suele prepararse de acuerdo a las experiencias pasadas y así se toman decisiones para la construcción de viviendas o las características que estas deben tener.

Lo que es cierto es que nadie se prepara para todos los riesgos posibles, aunque para la gran mayoría es posible tomar precauciones comunes. También es cierto que desplazarse, evacuar una población ante la inminencia de un desastre, requiere de un esfuerzo en el cual el papel de las autoridades es crucial.

Igualmente se puede considerar que algunos fenómenos, como los sismos, proporcionan muy poco tiempo para ponerse a salvo. En el caso de los meteoros, estos tienen una época delimitada, aparte de que son monitoreados por organismos especializados. Por supuesto, hay excepciones. El caso de Otis, que azotó la Costa Grande de Guerrero, con Acapulco como la ciudad más castigada, es precisamente una anomalía.

La vigilancia de ciclones proporciona varios días para que los organismos de Protección Civil den aviso a la población y acondicionen los refugios disponibles, pero el ciclón pasó de depresión tropical a huracán categoría 5 en menos de 24 horas. Fue como si una tormenta tomara esteroides anabólicos.

 

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Los daños irán apareciendo conforme avancen las horas, pero se ha sabido ya del cierre de la Autopista del Sol, de la caída de la antena de una de las principales cadenas radiofónicas del país, de la severa afectación a uno de los hoteles sinónimo de lujo en Acapulco; pero aún no llegamos a saber cómo se encuentra la gente que mantiene funcionando los hoteles, restaurantes y servicios turísticos y la llamada “zona diamante”.

Mientras, pareciera que ni siquiera la desgracia nos une. La mezquindad ha salido a relucir en el Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Diputados, donde las bancadas terminaron farfullando reclamos por la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), aprobado en 2020.

Eso sí, es una gran oportunidad para el gobierno federal, de demostrar que se puede tener por lo menos la misma eficacia en la atención a desastres sin la necesidad de contar con un fideicomiso. Y el papel del Legislativo es precisamente vigilar el ejercicio de esos recursos, auditarlos, exigir a la Secretaría de Hacienda a que los libere a la brevedad. Si hacemos historia, en su momento el Fonden también tenía retrasos en la entrega de recursos a entidades afectadas.

Tampoco es papel de diputados y senadores donar sus dietas. Van tantos donativos que la ciudadanía puede llegar a la conclusión de que obtienen ingresos por otras vías y estos no están registrados en su declaración patrimonial.

Aceptemos mientras que la intensificación de Otis sorprendió a todos los órganos de vigilancia meteorológica, aunque no es el primer huracán que crece rápidamente. Necesitaremos evaluar qué es posible hacer como país para que disminuyan las temperaturas de los océanos, por limitada que resulte la acción; igualmente deberán revisarse los planes de desarrollo en las poblaciones costeras a fin de no construir en zonas de riesgo.

Pero la principal lección ante los desastres naturales es que pierden más quienes menos tienen. Son golpes a los pies de la República, los que requieren de auxilio inmediato, de alimentos, atención médica y la pronta recuperación de un techo digno; cualquier discusión que implique reclamar lo que se pudo hacer con dinero en un instrumento del pasado es simple mezquindad.

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Edición: Estefanía Cardeña


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