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Foto: Ap

Eliana Arancibia Gutiérrez 

En las últimas dos semanas hemos sido testigos de las escenas de devastación masiva que dejó tras de sí el huracán Otis en las costas de Guerrero, particularmente en la ciudad turística de Acapulco donde tocó tierra a las 00:25 horas del 25 de octubre con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora. En un lapso de 12 horas, lo que se anticipaba como una tormenta tropical, adquirió la intensidad de un huracán categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson empleada para clasificar estos eventos conforme a la velocidad de sus vientos y los daños causados.

Nadie pudo prever la magnitud del fenómeno, ni el Servicio Meterológico Nacional ni las autoridades de los distintos niveles de gobierno; las predicciones de base científica también se quedaron cortas y los datos de los sistemas de vigilancia, fundados en modelizaciones e imágenes satélite, no alertaron sobre el rápido fortalecimiento de la tormenta que había iniciado con vientos de 64 kilómetros por hora. Los sistemas de pronósticos fallaron, perjudicando la capacidad de respuesta oportuna para enfrentar la tragedia.

Diversos especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México han hecho notar que OTIS rompió todos los parámetros, lo cual obliga a fortalecer la investigación científica para mejorar los modelos, identificando los vacíos de conocimiento para dar mayor certidumbre a los pronósticos. En esa misma línea, hace unos días el Conahcyt anunció la integración de un grupo de investigación interdisciplinario e interinstitucional dedicado a conocer, prevenir y atender causas, alcances y afectaciones de este tipo fenómenos. 

Por supuesto que todas las acciones encaminadas a ampliar las fronteras del conocimiento en torno a las anomalías climáticas son fundamentales, más aún en nuestro país, donde el 45 por ciento del territorio está expuesto a inundaciones, lo que representa un riesgo para alrededor de 77 millones de personas (Atlas Nacional de Riesgos, Cenapred, 2018). No obstante, el conocimiento por sí mismo no ayudará a que México deje de ser un escenario álgido de problemáticas socioambientales ligadas a la modificación del clima, lo que se requiere con urgencia es la articulación de modelos de gobernanza para la gestión del riesgo que integren al conocimiento como insumo clave.


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Con ello, nos referimos a la necesidad de que la actual política para la prevención de riesgos y desastres, incorpore mecanismos de coordinación social que incluyan al sector público en sus tres niveles federal, estatal y municipal, al sector empresarial, al sector académico, a las organizaciones sociales y, por supuesto, a la ciudadanía, todos con sus respectivos roles, derechos y deberes. Esto, en correspondencia con lo que indica el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, al que México adhirió desde su entrada en vigor. Dicho marco se relaciona con varios de los acuerdos de la Agenda 2030 y, sumariamente, establece las siguientes prioridades para la acción: 1) comprensión del riesgo de los desastres; 2) fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para su adecuada gestión; 3) invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y 4) aumentar la preparación ante casos de desastres para responder y recuperarse mejor.

El Marco de Sendai reconoce que, si bien recae en el Estado la función principal de reducir el riesgo de desastres, ésta debe ser una responsabilidad compartida con otros actores, de ahí que propone una serie de herramientas y estrategias en red en todas las etapas de gestión del riesgo, lo que logra un resultado positivo en la atención del desastre (Sendai, 2015). 

Desde el Observatorio Regional de Gobernanza y Políticas Públicas de la UNAM en Yucatán queremos enfatizar en que, claramente, como sociedad no podemos frenar los vientos ni las aguas, pero sí podemos crear acuerdos sociales que nos permitan prepararnos para los desastres y poner a salvo nuestras vidas y medios de subsistencia territoriales. Que Yucatán tome nota.

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Edición: Estefanía Cardeña


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