¿Gobernar entre todos y todas? Representatividad y usurpación de candidaturas indígenas en Yucatán

Yassir Rodríguez Martínez

En el mes pasado y en lo que va del presente se han suscitado distintas situaciones vinculadas al actual proceso electoral que son importantes de poner sobre la mesa. Una primera es la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de revocar el registro de 23 candidaturas indígenas, debido a que los postulantes no pudieron acreditar su pertenencia a comunidades indígenas, o, en el peor de los casos, las propias comunidades los desconocieron. 

Otras dos situaciones -una vinculada a la ya mencionada- han ocurrido exclusivamente en el contexto de Yucatán. Una es el reclamo que representantes de pueblos originarios realizaron tanto al INE como al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) debido a que, a su parecer, las autoridades electorales no han vigilado adecuadamente la postulación de candidatos indígenas que efectivamente puedan probar su pertenencia a una comunidad y que ésta los respalde. 

Dos de los casos más sonados son las candidaturas a diputaciones federales de Esteban Abraham Macari, del Distrito 1, y Julián Zacarías Curi, del Distrito 2. La última situación a mencionarse aquí está vinculada a un comentario generado por el actual gobernador Mauricio Vila Dosal en el marco de la toma de compromiso de la directiva entrante del Centro Patronal de Mérida. En dicho marco y a propósito del proceso electoral de Yucatán del próximo 2 de junio, Vila Dosal comentó: “Decidimos trabajar en equipo con la sociedad civil, con la academia, con el gobierno federal y con los ayuntamientos. Y también cambiar la forma de cómo se gobernaba en Yucatán y ese estilo nosotros denominamos la gobernanza, es decir, las decisiones no las toma una persona, sino la tomamos entre todos”.

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¿Por qué mencionar esta última situación que parece distante de las dos primeras? Justamente por la aseveración de que en Yucatán las decisiones se toman entre todos. ¿Quiénes son todos? ¿Cómo se hace posible la representación de todos en la toma de decisiones sobre el quehacer público, cuando al mismo tiempo existen procesos de usurpación de la representatividad de grupos originarios como el pueblo maya?

Las palabras del actual gobernador podrían relacionarse con una imagen que de Yucatán, y particularmente de la sociedad yucateca, se busca comunicar al interior y exterior del territorio. Una imagen asociada con una sociedad democráctica, donde se asume que existe un contexto que posibilita a todos los ciudadanos oportunidades adecuadas para expresar sus preferencias, intereses y así poder incidir en la agenda de la toma de decisiones; imagen que comienza a desmoronarse ante los procesos de usurpación de la representación de comunidades indígenas/originarias en el proceso electoral, que bloquean la posibilidad de comunicar e incidir en la toma de decisiones desde lógicas y contextos diferentes que son necesarios de considerar en una verdadera sociedad democrática.

No debemos olvidar que el 13 de diciembre de 2023, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, aprobó por mayoría de votos modificar los lineamientos para el registro de candidaturas indígenas y afromexicanas en Yucatán, esto con miras al próximo proceso electoral 2024. Se determinó que, en los distritos electorales con mayor índice poblacional indígena, correspondientes con los municipios de Valladolid, Tekax, Ticul y Tecoh, las candidaturas a diputación tendrían que ser postuladas con candidaturas indígenas. 

El no respetar dichas candidaturas da cuenta de lo distante que todavía se está de una pretendida sociedad democrática. Uno de los componentes fundamentales de la gobernanza -de la cual gustan hablar nuestros actuales políticos- es la participación de individuos que representen a los distintos componentes de una población y que puedan velar por la rendición de cuentas en torno a intereses de carácter público. Participación que debiese derivar en la posibilidad de incidir en la creación, implementación y “vigilancia” de políticas públicas que procuren el bienestar de todos y todas. ¿Gobernar entre todas y todos?, luce desafortunadamente distante todavía sin la configuración de una sociedad verdaderamente democrática.

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Edición: Fernando Sierra