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Foto: Fernando Eloy

Llegó el día de la elección más grande que haya tenido lugar en México. No sólo se trató de un proceso del cual se vio a dos mujeres como las candidatas más importantes por la Presidencia de la República, sino también de la renovación del Congreso de la Unión, así como de nueve gubernaturas -entre ellas la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México – y los congresos de esas mismas entidades y los correspondientes ayuntamientos.

Se antojaba una jornada sumamente complicada, pero al mismo tiempo un ejercicio de la ciudadanía y una prueba para la civilidad de los mexicanos; especialmente porque en algunas regiones del país, el ambiente se enrareció por los asesinatos en contra de candidatos de los distintos partidos. El temor a que la violencia se convirtiera en un factor decisivo, que terminara por inhibir la voluntad del electorado, fue real en varias partes. Sin embargo, en términos generales, puede decirse que fue una jornada tranquila. Debe reconocerse también que la participación fue desigual.

Pero si por principio de cuentas se reconoce que la jornada electoral es una fiesta de la ciudadanía, tenemos dos aspectos que son indicadores del éxito de las elecciones: la asistencia a las urnas y la presencia de los funcionarios de casilla; estos últimos, seleccionados a partir de una insaculación realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), y que voluntariamente aceptaron desempeñar esta función y también recibieron capacitación por parte del propio INE.

Resulta entonces reprochable que el reporte de casillas haya resultado en la inasistencia de múltiples personas que ya estaban capacitadas para desempeñarse como presidentes de casilla, secretarios y escrutadores, así como suplentes. En algún momento del proceso, el INE reconoció que tenía un déficit de funcionarios, porque éstos estaban rechazando participar. 

El ejercicio de la ciudadanía, hemos indicado en este periódico, va más allá de emitir el sufragio cuando se es convocado. Esto constituye una falta de respeto a quienes acuden a votar, pero especialmente a quienes enfrentaron varios fraudes electorales, pero sobre todo es una carencia de compromiso con el tiempo que vivimos.

En las filas que se formaron al pie de las urnas se escuchaban cuestionamientos como si es posible aplicar alguna medida punitiva contra quienes sin previo aviso decidieron no acudir este domingo a recibir los votos de sus vecinos. También se escuchó que muchos recibieron una llamada, la noche del sábado, por parte de sus respectivos capacitadores asistentes electorales del INE, indicándoles que no era necesario que se presentaran. Esto es algo que las autoridades tendrán que aclarar simplemente porque el mismo rumor es una mancha más para el instituto que organiza las elecciones, y que en caso de ser cierto deja la interrogante en cuanto a quién tiene la capacidad para realizar una operación de esta envergadura, para coartar la participación de los votantes. Cualquiera que sea el caso, queda un pendiente para el próximo proceso electoral.

Si hay una mala calificación para quienes, habiendo aceptado ser funcionarios y recibido la capacitación correspondiente, no se presentaron a las casillas, debe darse un amplio reconocimiento a quienes, a última hora y haciendo a un lado los compromisos familiares y sociales que pudieran haber tenido, entraron al quite para recibir los votos. Muchos de ellos, injustamente, fueron objeto de gritos y reclamos por parte de quienes llegaban a sufragar y esperaron varias horas a que abrieran las urnas.

Debe destacarse positivamente también a quienes, a pesar del calor y el retraso generalizado de la apertura de casillas, esperaron pacientemente para emitir su voto, así estuvieran bajo el vivo rayo del sol, que todo mayo fue inclemente y este fin de semana no fue la excepción. En las filas de diferentes casillas de Mérida se escuchaba que muchos ya estaban “más por convicción que por ganas” de ejercer su derecho al sufragio, pero muy pocos se retiraron. Quienes lo hicieron, regresaron horas después para marcar sus seis boletas.

Por otra parte, en cuanto a la organización, hay un enorme pendiente. La creación de distritos, especialmente en Yucatán, resultó en que varias casillas se instalaran en parques, bajo toldos más o menos protectores del sol, pero que no ofrecen ninguna seguridad en caso de peligro. Los reportes de robos de urnas son, hasta el cierre de esta edición, muy pocos como para influir en las elecciones federales; pero de haberse caldeado el ambiente al punto de desatar mayores violencias, la vida de muchas personas habría estado en peligro.

En lo general, como jornada cívica, el resultado debe considerarse positivo. La ciudadanía estuvo a la altura de las circunstancias y las cifras oficiales posiblemente indicarán que se obtuvieron números altos en cuanto a asistencia a las urnas, aunque seguramente también veremos un desequilibrio, con entidades llegando al 70 por ciento, por otras con menos del 50 por ciento de participación. Quedan, pues, varios pendientes en la construcción de ciudadanía.

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Edición: Ana Ordaz


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