La demanda de unas elecciones transparentes fue por muchos años una de las más sentidas por parte de los partidos de oposición durante el siglo XX. De hecho, el hecho de que Francisco I. Madero resumiera su campaña al axioma “Sufragio efectivo, no reelección” era poner en cuatro palabras una de las más continuas exigencias dentro de lo que hasta 1910 era entendido como el Partido Liberal.
Es necesario deslindar un poco el tema: las elecciones presidenciales recurrieron, hasta la de 1912, al voto censitario; es decir, que el derecho a sufragar estaba restringido a ciertas personas, varones, para comenzar, que debían cumplir ciertos requisitos como el saber leer y escribir, tener una propiedad inmueble y demostrar cierto ingreso anual. Sin embargo, no todos los estados aplicaban esta norma. Yucatán, por ejemplo, reconocía el derecho al voto universal -masculino, sobra decirlo -desde 1874. Es decir, que en esta entidad tenían derecho a sufragar todos los hombres siempre y cuando no estuvieran limitados para hacerlo, lo que significaba que, mientras no fueran ebrios consuetudinarios o no se encontraran purgando una pena en prisión, podían acudir a las urnas.
En resumen, cuando se trataba de elecciones para gobernador, en Yucatán podían votar todos los varones, a quienes se les reconocía la calidad de ciudadanos, independientemente de su origen. Es decir, incluso quienes se desempeñaban como sirvientes en las haciendas henequeneras tenían derecho a votar. Ahora, durante todo el siglo XIX y a inicios del siglo XX, el control del voto era un asunto elemental, pero los resultados de las elecciones no eran precisamente trascendentes. Por ejemplo, cuando se trató de la elección de Olegario Molina (1901) y su reelección (1905), no se dio a conocer la cantidad de sufragios que obtuvo el candidato, pero sí que había resultado electo “por unanimidad”. Unos cuantos años, y una revolución después, la situación cambió por completo.
El Diario Yucateco, a partir de su su edición del sábado 16 de septiembre de 1911, se dio a la tarea de publicar los resultados de la elección a gobernador, que se realizó el día 15, dando a conocer los resultados de cada casilla, primero conforme le fueron reportando sus corresponsales, y después según los resultados que el Congreso de Yucatán dio como oficiales, pues en ese entonces ésta era la entidad encargada de calificar las elecciones. La tarea era importantísima, pues Francisco I. Madero acababa de resultar electo después del triunfo de la Revolución, y porque la promesa del sufragio efectivo era crucial para el movimiento. La elección de gobernador en Yucatán fue la primera después de la presidencial y de ahí que hubiera atraído las miradas de propios y extraños.
Ahora, en Yucatán era fuerte el grupo político del general Francisco Cantón Rosado, quien gobernó el estado entre 1897 y 1901. Esta facción se había encargado de promover la asonada del 4 de junio de 1910 en Valladolid, la mal llamada “primera chispa de la Revolución”, y Madero había tenido algún trato con quien fue candidato opositor: Delio Moreno Cantón, sobrino del general, pero éste se negó a apoyar a Madero y se mantuvo fiel a Porfirio Díaz.
Ahora, Delio Moreno contaba con el apoyo de un periódico de larga tradición, La Revista de Mérida, que se encargó de propagar la versión de que en la elección de 1911 se dio un fraude electoral mayúsculo. En realidad, la estructura morenista controlaba Mérida, y los resultados que se publicaron en el Diario Yucateco así lo dejan saber: en el primer día de publicación de cómo habían quedado las casillas, Moreno Cantón obtuvo 7 mil 844 votos por mil 420 de José María Pino Suárez. Sin embargo, se debe hacer constar que los morenistas tenían control hasta de los funcionarios de casilla y por eso se observan diferencias como de 630 votos contra ocho en la sección 22, ubicada en el barrio de San Cristóbal. Los pinistas, por el contrario, dominaron la elección en el interior del estado.
También debe aclararse que ambos grupos se acusaron mutuamente de querer ensuciar el proceso mediante la violencia. Aquí, el abogado Tomás Pérez Ponce jugó un papel importantísimo como operador y al mismo tiempo dirigente de grupos de choque conformados por indígenas yaquis a los que se había prometido que un barco de vapor llegaría a Progreso con el fin de que fueran devueltos a Sonora. Por su parte, los morenistas habían movilizado con el mismo fin a los sirvientes de las haciendas que eran propiedad de sus simpatizantes; así como hicieron en Valladolid un año antes.
La elección resultó sumamente competida, como había sido el pronóstico. El 21 de septiembre, el mismo Diario publicó que en un día de cómputo, abordando los partidos de Acanceh, Hunucmá y Espita, Pino Suárez había obtenido una ventaja de apenas 104 votos. Al final, oficialmente, Pino Suárez logró conseguir 34 mil 630 votos y Moreno Cantón 25 mil 629, por lo que el primero consiguió una diferencia de 8 mil 981 sufragios a favor.
Eso sí, al revisar la prensa de la época, es posible encontrar que ambos recurrieron a mañas que ensombrecieron los procesos electorales mexicanos durante prácticamente todo el siglo pasado. Desde el control de las mesas de casilla hasta la compra y coacción del voto, pero eso es parte de otra historia.
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