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El tiempo corre ya para que la propuesta de reforma al Poder Judicial, junto con las otras 19 iniciativas que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hará llegar en septiembre al nuevo Congreso. La atención está centrada precisamente en la del tercer poder de la Unión, y en torno a ella, también se ha anunciado la apertura de una discusión amplia.

Los puntos centrales de la iniciativa parecen ser más de forma que de fondo. Lo más atractivo es el planteamiento de la reducción del número de ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia, pasando de once a nueve; el pasar el período de encargo de 15 a 12 años; eliminar la pensión vitalicia para los ministros del alto tribunal, presentes y futuros; y que sus sueldos no rebasen el tope establecido para el presidente. Hasta aquí, no es más que aplicar una fórmula de austeridad que inició desde que López Obrador asumió la jefatura del Ejecutivo en 2018 y contra la cual se ampararon los ministros.

Por otro lado, la desaparición de las salas primera y segunda, para que únicamente sesione el Pleno, puede resultar en una carga adicional de trabajo, ya que este último órgano aborda las controversias y acciones de inconstitucionalidad, así como los amparos y contradicciones de tesis; las salas, mientras, se encargan de asuntos en materia penal y civil, una, y la otra de asuntos en materia de justicia administrativa y laboral.

El punto principal, y sobre el cual es probable que no se haya tocado el punto medular, es la propuesta de que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por el voto directo de la ciudadanía. Esto no es ninguna innovación: durante casi todo el siglo XIX, las elecciones federales incluían a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esto a través del voto censitario o mediante una votación indirecta. Ahora, el llegar a la Corte por medio del sufragio le concedía a los ministros la suficiente legitimidad, sancionada en la Constitución, para convertirse en el Presidente en caso de ausencia de éste; fue así como Benito Juárez llegó a la Presidencia por primera vez. Una elección tiene ese efecto.

La reforma no debiera significar un retorno al siglo XIX. El motivo del voto indirecto era porque entonces no se consideraba a la sociedad mexicana lo suficientemente preparada como para elegir a sus gobernantes y representantes; el contexto actual es muy distinto, comenzando por el índice de alfabetización existente. También, por otro lado, se pretende crear la percepción de que la generalidad de la población carece de interés por el desempeño del Poder Judicial de la Federación y que su experiencia más amplia en cuanto a afectaciones por demora en la impartición de justicia o liberación de presuntos delincuentes por la mala integración de un expediente es en las fiscalías y los poderes judiciales locales. Las pasadas elecciones, sin embargo, demuestran que hay un cambio y que a través del sufragio universal se está brindando el respaldo al paquete de reformas.

Por otro lado, también es cuestionable considerar que la población en general desconoce las funciones y atribuciones del Poder Judicial de la Federación, aunque es muy cierto que este conocimiento estuvo, durante varias décadas, restringido a una élite; la misma que considera que elegir a jueces, magistrados y ministros por el voto popular es poco viable. La cantidad de información disponible al respecto es directamente proporcional precisamente al interés existente.

Quedaría pendiente también lo que ocurrirá en los estados. La reforma seguramente deberá replicarse en los estados, con mayor facilidad si se toma en cuenta que la gran mayoría estarán gobernadas por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que promovió el respaldo a los cambios legales. Tampoco sería la primera vez. Al igual que en el resto del país, la Revolución vino a concluir una época en la cual los magistrados de los tribunales superiores de justicia eran electos. Pero en ese entonces, a pesar de la elección por sufragio, tampoco se podía asegurar que el Poder Judicial estuviera al servicio del pueblo.

Resultará benéfico para todos que la invitación a una discusión amplia que ha hecho la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que incluya el ejercicio de parlamento abierto pero también la participación de la academia, los mismos trabajadores del Poder Judicial de la Federación, juzgadores y litigantes, pero para llegar a un gran acuerdo también resultará enriquecedor que el propio gobierno difunda los alcances y objetivos de la reforma. Así se podrá asegurar el respaldo a la transformación del Poder Judicial.
Edición: Estefanía Cardeña


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