Reforma judicial: ¿sin miedo al pueblo?

La agenda política del país mantiene vigente la discusión sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, cuya parte central es la elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de los tribunales colegiados de circuito, y jueces de distrito. El fin de semana pasado se realizó una encuesta sobre la pertinencia de la reforma, uno de los varios espacios que se tienen para una discusión amplia de la misma, y a la que seguirán los ejercicios de parlamento abierto y exposiciones de jurisconsultos.

La encuesta arrojó el dato de que tres cuartas partes de quienes respondieron a ella manifestaron que la elección de ministros, magistrados y jueces debe hacerse por el voto ciudadano. Sin embargo, la muestra corresponde a población abierta, no necesariamente considera a quienes han tenido la experiencia de requerir de la justicia federal, de ahí que entre algunos sectores exista cierta desconfianza en cuanto al propósito de la reforma.

Esta desconfianza, propia de una actitud ciudadana, ha sido aprovechada por algunos comentaristas que, facciosamente, sostienen que la reforma es un capricho del presidente López Obrador. Por supuesto, reiteramos, es quien se ha mostrado más interesado en que la iniciativa ingrese, se discuta y apruebe en el último mes de su gobierno. Pero reducir la argumentación al “se hará porque así lo dicta AMLO” es también empobrecer el debate político mexicano, ya de por sí de muy bajo nivel.

Por el contrario, tal vez el presidente ha concedido al pueblo un nivel de politización mucho mayor al que los mencionados comentaristas están dispuestos a reconocer, y esto implica admitir que actualmente existe una ciudadanía mucho más madura y capacitada para participar en la toma de decisiones de la vida nacional. A los adversarios del presidente les ha convenido burlarse del “pueblo bueno” porque les permite crear una representación de la población nacional, incapaz de definir por sí misma el sentido de su voto al momento de escoger a sus gobernantes, y por ello maleable, sugestionable y capaz de vender su voto. Así, al mismo tiempo, califican a López Obrador de demagogo.

Por el contrario, el hecho de que sea el presidente quien mantenga el tema de la reforma en la agenda implica que posee un respaldo firme entre varios sectores de la sociedad, incluyendo a usuarios de los servicios del Poder Judicial de la Federación y trabajadores del mismo, así como de quienes han encontrado dificultades para obtener una impartición de justicia pronta y expedita.

Por supuesto, existen diferentes posturas en cuanto al alcance que debe tener la reforma en cuanto a quiénes deben ser electos, incluso dentro del partido del Presidente. Hablar de que existan “riesgos” en una elección no es más que reconocer la humanidad tanto de quienes votan como de quienes resulten electos, y esto no se relaciona con la democracia, sino precisamente en que la selección la hacen seres humanos.

Lo cierto es que la transformación se quedará corta si se limita al Poder Judicial. La reforma debe implicar también el fortalecimiento de las fiscalías, ya que desde ahí suelen cometerse anomalías por las cuales se termina por poner en libertad a afamados delincuentes, no es una mera decisión de jueces y magistrados, aunque sí se les hace más fácil terminar cometiendo una injusticia.

Edición: Estefanía Cardeña