Patrimonio natural: un tema para la transición

Entre la cacofonía de voces que esperan colocar temas de interés público, para que figuren en las discusiones acerca de la transferencia de poder, y en la conformación de un nuevo plan de desarrollo, hay una especie de susurro bajito que deberíamos convertir en un clamor capaz de hacerse oír por encima de la gritería alrededor de las reformas constitucionales, renovación de los poderes, modificación del régimen de partidos, “continuidad sin sumisión”, el papel de las fuerzas armadas, o la estrategia de seguridad. En pocas palabras, ¿qué pretende hacer la administración del “segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública” para salvaguardar el patrimonio natural de la nación? Y, desde luego, cómo pretende hacerlo.

Al escribir estas líneas, ignoro todavía cuál será la conformación del nuevo gabinete, de manera que carezco de elementos para poder emitir opinión alguna acerca de la calidad profesional, y la idoneidad curricular, de los funcionarios que vayan a encabezar los esfuerzos del estado en este sentido. Lo que sí creo que puedo afirmar es que, a lo largo de las últimas dos décadas, la capacidad del gobierno federal para enfrentar los retos que significan cuidar de los recursos naturales y servicios ambiental de un territorio megadiverso biológicamente, topográficamente complejo, ambientalmente deteriorado, y que se encuentra como el resto del planeta ante una emergencia climática, se han ido erosionando de manera dramática.

El impacto de esta erosión se ha notado sobre todo en los que fueran órganos desconcentrados de la Secretaría del medio Ambiente y Recursos Naturales, que son por cierto los principales responsables del conocimiento y uso sustentable de la biodiversidad que aloja el territorio del país, la conservación y manejo apropiado de los ecosistemas que constituyen la base natural del paisaje nacional y los servicios ambientales que proveen a nuestra sociedad, la garantía de acceso humano al agua, tanto para consumo directo como el riego y la generación de energía, el uso apropiado de los recursos forestales, los procesos de mitigación de las causas con que México contribuye a la actual emergencia climática y de adaptación a las condiciones que nos impone al acelerado cambio climático global. Estos organismos fueron creados, entre otras cosas, a partir del reconocimiento de que los asuntos cuya atención se les encomendó demanda una aproximación transversal, en virtud de que atañen a múltiples facetas de la cosa pública, y atienden intereses difusos, que trascienden los límites de índole sectorial.

El argumento más o menos baladí, de que resultan caros o son “neoliberales”, que los ha pretendido reducir a su mínima expresión, y sujetarlos cada vez más a una gestión sectorializada y meramente burocrática, les ha restado cada vez más capacidad de gestión, eficacia de ejecución, y rigor conceptual. Una genuina defensa de la soberanía nacional, y una búsqueda coherente de la realización del potencial nacional para acercarnos a algo parecido a la seguridad alimentaria e hídrica, un crecimiento económico sustentable que contemple un modelo de desarrollo congruente con las exigencias del ambiente, la oferta de actividades económicas que permitan más diversas y mejores oportunidades de empleo y producción, particularmente para la población indígena y rural, mejores condiciones para enfrentar la severidad creciente de los fenómenos relacionados con la emergencia climática, y una aproximación generosa y humanista a la conservación de la biodiversidad presente en el territorio, atraviesan por el fortalecimiento y la capacidad de transversalización del aparato institucional responsable de la gestión ambiental.

Esto es un reto que –a mi juicio– la presidenta electa debe estar en condiciones idóneas para enfrentar con éxito, si atendemos a su trayectoria profesional y académica. Esperemos que esto se vea reflejado en un programa sectorial de medioambiente y recursos naturales que figure a la cima de las prioridades de la cosa pública nacional, y que el perfil de quienes encabecen la ejecución de este programa sea acorde con la exigencia profesional que el reto demanda. Existe sin embargo el antecedente de la administración que está terminando, que ha demostrado tener un mayor apego a la lealtad personal y la coincidencia ideológica que a la capacidad técnica y profesional; y está también de por medio la tentación, o el recurso táctico de la realpolitik, de otorgar cargos en función de favores políticos reales o percibidos. Quizá por eso se dice por ahí que la cartera de medioambiente le será entregada al ex gobernador de Chiapas y abanderado del PVEM, Manuel Velasco. Espero que quienes han predicho este nombramiento se equivoquen. Baste recordar que hace años el Partido Verde Ecologista de México fue expulsado de las filas de las organizaciones ecologistas globales, entre otras cosas porque mostró un absoluto desconocimiento y desdén en materia de derechos humanos, al proponer la instauración de la pena de muerte en nuestro país.

Ojalá que la doctora, Claudia Sheinbaum, haga bueno su aserto de que gobernará para todas y todos los mexicanos, se despoje de una vez por todas del uniforme guinda del partido movimiento, supere de plano las presiones ejercidas por correligionarios y aliados, y logre construir un equipo sólido, apto para ejecutar con eficacia políticas públicas adecuadas a las necesidades nacionales. Esto contribuirá a construir confianza, ganarle apoyo más allá de la mera elección, y establecer canales de comunicación y cooperación con los más diversos actores sociales. Parece ser que lo sabremos mañana mismo.

Edición: Fernando Sierra