Opinión
La Jornada
27/06/2024 | Ciudad de México
En una chocante serie de sucesos, el ahora ex comandante general del ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga Macías, condujo a sus tropas al palacio presidencial El Quemado, en La Paz, e intentó irrumpir por la fuerza en el recinto. Tras derribar un acceso, el general ingresó a la sede del Ejecutivo y sostuvo un breve intercambio verbal con el mandatario, Luis Arce, después de lo cual se retiró y se atrincheró en un vehículo blindado. Luego hizo declaraciones en las que justificó sus actos como reclamo por la "restitución del orden democrático" y "la liberación de los presos políticos", en referencia a los militares y civiles que consumaron un golpe de Estado en 2019 y condujeron un efímero régimen de facto. En una versión contradictoria, aseguró que fue el propio mandatario quien le ordenó "sacar las tanquetas" a fin de reafirmar su popularidad.
La sedición fue recibida con rechazo instantáneo y unánime por gobiernos progresistas como el de México, pero también por administraciones caracterizadas por contemporizar con los derrocamientos violentos de gobiernos de izquierda e incluso por la Organización de Estados Americanos, encabezada por Luis Almagro, conocido organizador de atentados contra la democracia como el que sufrió la propia Bolivia hace casi cinco años. Unas horas después de iniciado el disturbio, Zúñiga Macías fue detenido y la institucionalidad volvió a su cauce.
El nivel de enrarecimiento de la vida política boliviana indica que las verdaderas motivaciones y maniobras que desembocaron en la extraña asonada sólo se conocerán, si acaso, con el transcurso de los días y los meses. Sin embargo, es inevitable enmarcar los acontecimientos en la prolongada y desgastante lucha del mandatario y su antecesor, Evo Morales, por el control del partido al que ambos pertenecen, el Movimiento al Socialismo (MAS), y por la nominación presidencial de 2025.
En esta indisimulada rebatiña por el poder, el ex presidente ha movilizado a las amplias bases populares que le mantienen su lealtad, mientras Arce echa mano de las instituciones para cerrar el paso a lo que sería un cuarto periodo de Morales al frente del Ejecutivo.
El jaloneo entre quienes fueron amigos y aliados por décadas ha desquiciado la vida política y económica del país, además de facilitar la recomposición de las derechas golpistas, como la que ya desplazó al MAS del gobierno en 2019 mediante una asonada policiaco-militar. Ese antecedente directo y el conocimiento que ambos dirigentes tienen de la historia latinoamericana deberían bastar para que depongan una confrontación destructiva, pues una y otra vez se ha comprobado que cuando las izquierdas se dividen, las derechas acosadoras se hacen del poder, en ocasiones, para no soltarlo por largos periodos. La lección no se restringe a Bolivia, sino que constituye un llamado de atención para todos los gobiernos y movimientos progresistas de América Latina y del mundo.
Edición: Emilio Gómez
