Opinión
La Jornada
28/06/2024 | Ciudad de México
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, lanzó una nueva embestida en su cruzada personal para mantener los privilegios anticonstitucionales que se otorgan los altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF), la absoluta ausencia de controles democráticos sobre el mismo, las estructuras corruptas que lo caracterizan y la arbitrariedad con que los togados dictan sentencias.
En un mensaje de video enviado masivamente a los trabajadores del PJF, los llamó a la unidad contra el intento del partido gobernante de reformarlo a fin de acabar con la podredumbre que lo corroe y garantizar que cumpla con su función de impartir justicia. En la grabación, Piña Hernández manipula a sus subordinados haciéndoles creer que la iniciativa de reforma afectaría sus derechos laborales, una implicación que no aparece en ninguna parte de los documentos que se han puesto a discusión en el Congreso.
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El hecho de que la titular del máximo tribunal divulgara su última pieza de golpeteo horas antes de que ella y los demás ministros de la SCJN participaran en los foros del parlamento abierto de la Cámara de Diputados en torno a la reforma pone de manifiesto que se trató de una maniobra para enrarecer el debate y desviar la atención acerca del verdadero contenido y los propósitos de los cambios que promueven el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual mandataria electa, Claudia Sheinbaum. La respuesta de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México a la desinformación vertida por Piña Hernández es por demás pertinente: Sheinbaum dio tranquilidad y certidumbre a los trabajadores del PJF y les recordó que pueden acudir tanto al parlamento abierto como a su equipo de transición para despejar cualquier duda.
La actitud de Piña Hernández ya tiene consecuencias que afectan a los ciudadanos que requieren del PJF para procesar asuntos en los que se encuentra en juego su supervivencia: en consonancia con su llamado, los 17 tribunales laborales federales ubicados en la alcaldía Tlalpan efectuaron un paro de 24 horas, en los que se paralizaron los expedientes de conflictos individuales y colectivos que atañen a los empleados de empresas nacionales y extranjeras, como emplazamientos a huelga, recuentos y titularidades de contratos colectivos de trabajo. Cabe notar la paradoja de que la defensa de unos derechos laborales que no padecen ninguna amenaza se traduzca en el menoscabo real de derechos de todas las personas con trámites en esos tribunales.
Es deplorable que recurra a chantajes como este quien encabeza uno de los poderes de la Unión con la intención de descarrilar el funcionamiento del Legislativo y frenar un proyecto de renovación institucional que fue respaldado de manera abrumadora por los ciudadanos que acudieron a las urnas el pasado 2 de junio. En cuanto a las diversas protestas de integrantes del PJF que han tenido lugar en los meses recientes, es necesario inquirir si obedecen a una grave desinformación entre las bases de esa rama del Estado o si reflejan la operación de un aparato sindical corporativo, como los que proliferaron en el país en los regímenes anteriores. Cualquiera sea la respuesta, está claro que los trabajadores cuentan con cauces legales y democráticos para procesar sus dudas, y que en nada los beneficia prestarse como peones en la lucha que libra una parte de la cúpula judicial para preservar los espacios de poder fáctico y tráfico de influencias en que se han convertido sus cargos.
Edición: Emilio Gómez
