Opinión
Francisco J. Rosado May
01/07/2024 | Mérida, Yucatán
“¿Por qué lo dejaron ir otra vez?” es la pregunta que hacen los vecinos cada vez que a un delincuente lo meten a la cárcel y lo liberan prácticamente al día siguiente. El argumento de la autoridad correspondiente es que solo está respetando la ley.
¿Por qué la autoridad no ha procedido en contra de alguien que ha violentado derechos humanos o ha sido acusado por acoso y/o violación sexual? Pregunta que hacen las víctimas no una vez, sino en múltiples ocasiones. La respuesta más frecuente es porque hay que respetar el debido proceso.
En medio de todo lo que implica los casos antes descritos se ocultan vicios, corrupción, mala interpretación de la ley, pésima formación por parte de las autoridades en los diferentes niveles que implican esos procesos, etc. Aunque solo se mencionan algunos de los miles, quizá millones, de casos el hecho es que a nivel de territorio la percepción de justicia no es halagüeña. Este contexto permite entender la propuesta de elegir a los juzgadores a través del voto popular. Entendible, pero ¿justificable?
La participación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia en el foro donde se discutió la propuesta de cambiar el sistema de selección de jueces y magistrados sucedido la semana pasada, al menos ha despertado la posibilidad de que el cambio de sistema no sea a rajatabla. Si el cambio es abrupto, todos perdemos, especialmente los miles, quizá millones de casos que no se habrían resuelto antes del cambio o que se resolvieron con incongruencias, ¿cómo enfrentar esta situación? La pregunta no es ociosa y no abarca toda la complejidad del cambio que se necesita.
Es indispensable discutir marcos conceptuales que guíen cualquier propuesta de cambio. Es cierto, el sistema de impartición de justicia y aplicación de la ley necesita cambios profundos, si queremos vivir en un país civilizado, que le otorgue confianza a los inversionistas, a los ciudadanos, a los extranjeros, turistas, hombres, mujeres, niños, etc. Es necesario articular la aplicación de la ley con justicia, cosa que no siempre es así.
También es necesario entender las diferencias culturales. Recordemos que somos un país multicultural, con una considerable población Indígena, que tienen sistemas de impartición de justicia comunitaria eficaces pero invisibilizados en el sistema dominante del gobierno, estatal y federal, que no necesariamente toma en cuenta ni las formas ni el fondo de ese tipo de justicia comunitaria. Hay valores genuinos en las comunidades. Quintana Roo cuenta con un sistema reconocido de jueces tradicionales, lamentablemente olvidados, sin apoyo ni la adecuada articulación con el sistema no tradicional. Este sistema, eficaz en muchos casos al grado que explica la paz en esas comunidades, también se encuentra en otros estados, aunque invisibles.
La renovación del sistema del Poder Judicial para la correcta aplicación de las leyes, articulado con la impartición de justicia, necesita de la revisión y actualización de leyes. El reto es aún mayor porque se trata no solo de actualizar y articular los diferentes tipos de leyes dentro del país, sino que también con aquellas que provienen desde fuera del país y que son aplicables a nuestro sistema judicial.
El reto es enorme, para ello se necesita de personas altamente calificadas, con niveles éticos sin dudas, no necesariamente elegidas por apoyo popular. No es posible que un país de 130 millones de habitantes no cuente con un puñado de personas con esas características.
Ya veremos si nuestro gobierno está a la altura del reto.
Es cuanto.
