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La agenda política mexicana tiene dos temas con plazo marcado próximo a vencer: la discusión y eventual aprobación de la reforma al Poder Judicial en el Congreso de la Unión, y el cambio en la jefatura del Ejecutivo federal. Ambos tienen como límite el último día de septiembre del presente año.

Debe reconocerse que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador se ha distinguido por mantener una tensión continua con el Poder Judicial, muy particularmente con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), prácticamente desde el primer momento; cuando estos se negaron a reducir sus sueldos como propuso el Presidente. De ahí que el recordatorio hecho por el mandatario este miércoles, al señalar que el Poder Judicial no le tiene “tan contento”, porque echaron atrás la ley de la industria eléctrica en beneficio de los capitales privados y en contra de los consumidores, se entienda precisamente como una de las “cuentas pendientes” con los ministros.

Pero por otro lado, la SCJN ha sido la institución que dicta el criterio final de interpretación de la ley en casos en los que las autoridades son parte. Los fallos del alto tribunal, en buena medida, han ido en contra de diversos actos tanto de los poderes Ejecutivo como Legislativo en los niveles estatal y federal, e igualmente contra ayuntamientos; pero también hay decisiones que terminan por reconocer la legalidad de las disposiciones emanadas de estas autoridades.

A pesar de la tensión entre los representantes de ambos poderes, el presidente López Obrador y la ministra Norma Piña, ambos se encuentran acotados por la Constitución, y por eso es que el Legislativo resulta crucial en estos momentos, con el análisis del denominado “Plan C” de reformas, promovido por el mandatario y promesa de campaña de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

De manera tardía, Norma Piña ha reconocido la necesidad de una reforma al Poder Judicial. No obstante, su discurso ha sido más una reacción que una propuesta sobre lo que podría hacerse a fin de garantizar que el acceso a la justicia cumpla con las condiciones de ser pronto, completo, imparcial y gratuito. El lunes, durante la última sesión del Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia, la ministra afirmó que “los tribunales, su integración y su funcionamiento, definitivamente no son un elemento esencial en la experiencia de los usuarios de los sistemas de seguridad y justicia”, e hizo énfasis en que los juzgadores deben centrarse en los derechos de las personas, especialmente de las víctimas.
Pero el argumento se pronunció fuera del parlamento abierto que se sigue en el Congreso. Eso sí, contó con la participación de académicos e integrantes del Legislativo.

Por parte del Ejecutivo, han existido pequeños mensajes de mucho fondo. Uno es la aceptación a abrir un canal de comunicación con la SCJN, a cargo de Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, que es señal de que por lo menos sí se escuchará al Poder Judicial y que la reforma podría incorporar pareceres de ministros, magistrados y jueces; otro es la negativa del Presidente y de Claudia Sheinbaum a reunirse con la ministra Piña, algo que da a entender que los primeros no pretenden alcanzar un acuerdo cupular, y por el contrario dejarán que la iniciativa se enriquezca y discuta en el Legislativo.

Los partidos de oposición, mientras tanto, también se encuentran en la discusión, luego de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN a fin de invalidar las recientes reformas a la Ley de Amparo y de Amnistía, que fueron propuestas por el actual gobierno. El ánimo es fortalecer a la Corte, pero el escenario no parece factible, toda vez que las bancadas del PAN, PRI y PRD participaron en la discusión y aprobación de estas reformas.



Edición: Fernando Sierra


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