Esta vez no fue un operativo para el traslado de reos, mal diseñado y mal ejecutado desde las oficinas de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC). Ahora fue un motín suscitado durante el horario de visita al Centro de Readaptación de Kobén, en Campeche. El segundo incidente violento en ese mismo centro penitenciario que se da en cinco meses. En esta ocasión, familiares de los internos, desalojados del Cereso ante el incidente, dieron a conocer que a causa del motín, en el que hubo armas de fuego, hay alrededor de 30 heridos. Las corporaciones de seguridad llegaron al sitio media hora después de iniciado el motín, y en esta ocasión sí se formó una fuerza con los diferentes órdenes de gobierno: la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), policías ministeriales y estatales. Este lunes, en el Congreso campechano, el presidente de la Junta de Gobierno, Antonio Jiménez Gutiérrez, demandó la investigación de los hechos, “para evitar desinformación”; aunque lo que ha caracterizado al tema Kobén es precisamente la ausencia de información provocada por la extrema politización del asunto. Pareciera que existe la consigna de que lo que ocurra en el Cereso se queda en el Cereso y lo que digan los familiares de los internos será considerado intrascendente, así existan pruebas de que hubo disparos. En marzo pasado, el operativo mal planeado y ejecutado de extracción de reos tuvo como consecuencia que se destaparan las deplorables condiciones en que trabajan los policías de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, pero poco se supo acerca de cómo transcurre la vida en el espacio delimitado por los muros del Cereso de San Francisco Kobén, donde aparentemente una riña entre dos internos es suficiente para rebasar a los agentes ahí adscritos al grado de que se requiere de la intervención de fuerzas estatales y federales para controlar a los presos. Al respecto, dice mucho la ausencia de personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Campeche. Igualmente, llama la atención el silencio en el gabinete de la gobernadora, Layda Sansores Sanromán, a menos que ella misma quiera tocar el tema hoy por la noche. Pero quienes debieron ser los primeros en brindar información son su secretario de Gobierno, Armando Toledo Jamit, y la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez; el primero, porque es el responsable del Sistema Penitenciario de Campeche, y la segunda porque fue quien dispuso de agentes policiacos estatales para intervenir en el Cereso y es quien debe responder por la actuación de estos. Lo que ha dejado de manifiesto la situación del Cereso de San Francisco Kobén es que, en lo referente a la seguridad de los campechanos, quedan pendientes muchas deudas de información, pero sobre todo ha quedado patente que los funcionarios a cargo de ella han sido más reactivos que propositivos; en un área tan sensible, la planeación es fundamental. La misma entidad es ejemplo de que la seguridad puede perderse en muy poco tiempo por confiar en que se puede tener a los policías con equipo táctico deteriorado, o con una preparación mínima, y que aun así no habrá avance de la delincuencia en la entidad. Hemos visto que, todo lo contrario, si se descuida a los policías y deja de brindarse información pronta y confiable, el tejido social se descompone rápidamente.
Edición: Estefanía Cardeña
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