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Elon Musk, dueño de corporaciones como X (antes Twitter), Tesla, SpaceX y Starlink, entre otras, mantiene un enfrentamiento con la justicia brasileña debido a su empecinamiento en desafiar órdenes judiciales. El choque comenzó a inicios de año, cuando X se negó a cumplir la sentencia del juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes para bloquear cuentas vinculadas a las "milicias digitales" que operan a favor del ex presidente fascista Jair Bolsonaro, admirador y correligionario de Musk en la ultraderecha global.

Cuando el magistrado dispuso sanciones administrativas en respuesta al desacato, el magnate recurrió a la argucia de cesar las operaciones de la plataforma dentro del país, de modo que no hubiera un ente al que castigar, al tiempo que X seguía activa y mantenía operando las cuentas ilegales. Esta burla a la justicia orilló a De Moraes a ordenar el cierre completo de X en Brasil, pero Musk usó su empresa proveedora de Internet satelital para violar la disposición que ya fue ratificada por el Supremo.




En el transcurso de su campaña contra la ley, el empresario empleó su red social (donde sus tuits son vistos por todos los usuarios, quieran o no) para lanzar una campaña de linchamiento contra el togado y presentar su protección a los perfiles fascistas como una defensa de la libertad de expresión.

Desde que el magnate adquirió la plataforma en octubre de 2022, reactivó cuentas previamente bloqueadas por la propia compañía en las cuales se difunden mensajes homófobos, neonazis, de supremacismo blanco, misóginos, tránsfobos, teorías de la conspiración y, en general, discursos de odio que hoy se encuentran prohibidos en muchos países como parte de los esfuerzos contra la discriminación y la violencia.

Diversos estudios han confirmado el aumento en la producción y circulación de los ataques contra mujeres, integrantes del colectivo de la diversidad sexual, personas racializadas y sectores progresistas, así como la creciente impunidad con que se saldan dichas agresiones en estos casi dos años.

En momentos en que la élite de los milmillonarios (quienes acumulan mil millones de dólares o más) concentra una porción de la riqueza mundial mayor que nunca y en que se ha vuelto cada vez más evidente su determinación de capitalizar su poder económico en forma de poder político, la ausencia de controles a su actuación pone en riesgo a la democracia, el estado de derecho, al medio ambiente y a la vida misma de los 8 mil millones de seres humanos.

No se trata de una exageración: la capacidad de las corporaciones para bloquear durante décadas las advertencias sanitarias en torno a los riesgos que entraña el consumo de tabaco causó la muerte de millones de personas, y su negativa a reconocer la toxicidad de la gasolina con plomo intoxicó a millones de humanos, en particular a menores de edad. La avaricia de la United Fruit Company por las tierras centroamericanas desató golpes de Estado, sangrientas dictaduras y el genocidio contra los pueblos indígenas.

La cruzada de Musk para colocarse por encima de las leyes de un país soberano, así como la manera en que recurre a las compañías que controla a fin de burlar a las autoridades, ponen de manifiesto la urgencia de crear una legislación internacional que frene el poder de los individuos ultrarricos.

Su personalidad narcisista y sociopática lo ha convertido en el caso más conspicuo de ultrarrico que pisotea de manera abierta la ley en la actualidad, pero de ningún modo es el único.

Basta con mirar hacia México, donde ahora mismo se encuentran en un punto álgido las presiones corporativas para que se aprueben las leyes que convienen a las trasnacionales y descarrilar las que favorecen a los ciudadanos.

Ante la magnitud del desafío, los gobiernos comprometidos con la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la democracia y los derechos humanos deben formar un frente común a fin de crear los mecanismos institucionales, jurídicos, tecnológicos, económicos y políticos necesarios para marcar un alto a individuos y corporaciones que constituyen poderes supranacionales de facto con una indisimulada disposición a subvertir países enteros.


Edición: Ana Ordaz


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