Siete organismos condenados a muerte

Cristina Puga

En los primeros días de este mes, la nueva Legislatura, esa en la que la Coalición “Sigamos haciendo historia” (Morena, PVEM y PT) acaba de asegurar su mayoría calificada, se discutirá la reforma judicial que ha sido cuestionada y analizada en diversos documentos, pero también se aprobará, seguramente sin discusión, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales sobre la eliminación de siete organismos autónomos. Estos son: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación (Mejoredu).

Si bien la reforma judicial, por sus consecuencias sobre la democracia, la división de poderes y la carrera de miles de abogados y jueces en todo el país es la que ha concentrado la atención de la opinión pública, la desaparición de los siete organismos autónomos no es menos preocupante, al menos por tres razones que expondré en estas líneas.

Porque cada uno de estos organismos proviene de experiencias largas que demostraron su necesidad y que justifican su utilización eficaz a lo largo de al menos dos décadas. Recuperan algún momento del desarrollo político del país y, en algunas ocasiones incluso, como lo han recordado (con poco tacto) los embajadores de Estados Unidos y Canadá, acuerdos hechos para brindar seguridad al Tratado conjunto entre los tres países (el caso de la Cofece). Otros organismos surgen de problemas semejantes y resuelven asuntos cotidianos a los que nos hemos acostumbrado: ¿Cómo asegurar que se me informe sobre actos del gobierno? Ahí está el INAI.  ¿Sabemos si las medidas para mejorar el bienestar y los niveles de vida dan resultado? Para eso está el Coneval. Pese a sus fallas y errores, han demostrado su eficacia en un funcionamiento institucional más eficaz y libre de intereses políticos. 

Porque constituyen un reservorio de conocimiento experto. Cada uno de los organismos, a lo largo del tiempo ha reclutado a especialistas en el tema y formado a otros nuevos. No son solamente funcionarios a cargo de una oficina, son generalmente profesionales de diversas disciplinas convencidos de la importancia de sus tareas y entrenados para dar respuesta a una gran diversidad de requerimientos tanto procedentes de empresas y sociedad civil como del gobierno mismo. Eliminarlos supone cancelar muchos años de formación y especialización de conocedores del derecho a la información, la evaluación de proyectos, el desarrollo de la producción de energía y de hidrocarburos. En el caso de la educación, la medida concluye con el desmantelamiento de la evaluación educativa que se inició desde hace seis años y que ha dejado sin información válida a la reforma en la educación primaria ocurrida a lo largo del sexenio y de la cual no sabemos siquiera si se ha aplicado mínimamente a lo largo del país.

Porque los organismos autónomos actúan como controles sobre los excesos gubernamentales. Esta es la razón más importante. Las democracias crean controles para modular las decisiones que se toman a su amparo. Es sabido, ha dicho uno de los más profundos estudiosos de la democracia, Pierre Rosanvallon, que la ciudadanía desconfía de aquellos a quienes ha conferido el poder y por eso los vigila y los limita. El control más antiguo es la división de poderes, pero hay muchos otros que actúa para moderar decisiones, para evaluar resultados, para reglamentar procesos o para proteger a los propios ciudadanos sobre posibles excesos. Ese último es el papel, por ejemplo, de la Comisión de Derechos Humanos que afortunadamente todavía no ha sido señalada para desaparecer y que fue creada, justamente para evitar que los gobernantes actúen con arbitrariedad o negligencia en contra de la ciudadanía. 

Los siete organismos, adquirieron autonomía, real o relativa, con base en sus reglas y en su conformación parcialmente ciudadana, para establecer distancia respecto a las oficinas del gobierno. Son instituciones del Estado que no pertenecen a ningún gobierno en particular y que tienen la capacidad de vigilar, evaluar y calificar políticas gubernamentales. Por eso son necesarias, pero por eso mismo son tan incómodas y por eso han sido condenadas a muerte.

Edición: Fernando Sierra