La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que reiniciará actividades a partir del próximo martes 17 de septiembre después del paro ilegal que mantuvo en protesta contra la reforma constitucional al Poder Judicial (PJ). Minutos antes, los trabajadores de esa rama del Estado que se encontraban en plantón fuera del recinto legislativo de San Lázaro comenzaron a retirar el bloqueo, y a lo largo del día algunos juzgados y oficinas del PJ anunciaron el regreso a sus labores.
Aunque todavía falta un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal para la reanudación total de actividades, en los hechos estas decisiones suponen el final del movimiento en defensa de los privilegios y la corrupción que imperan en el sistema de impartición de justicia.
Tal desenlace evidencia que el movimiento siempre careció de respaldo social, que fue una maquinación cupular dirigida a generar un impacto mediático y una coacción sobre los legisladores, y que se desvaneció tan pronto la cúpula lo dispuso. Lejos de generar simpatías populares y apreciación hacia el trabajo de jueces, magistrados y ministros, el intento de frenar la reforma causó un enorme daño al Poder Judicial al exhibir el desprecio por la ley entre sus máximos cargos, quienes azuzaron un levantamiento sin sentido que desembocó en la incivilidad y la barbarie.
En unas circunstancias tan delicadas para la Judicatura, la ministra Lenia Batres articuló una propuesta que ofrece a sus colegas una salida digna, así como la posibilidad de reivindicarse parcialmente ante los ojos de la ciudadanía coadyuvando a la mejora del PJ con el que se dicen comprometidos.
Batres invitó al máximo tribunal a instalar una mesa de transición que formule sugerencias de cara a la legislación secundaria que debe complementar los cambios en la Carta Magna, a diseñar los instrumentos normativos que permitan aprovechar los recursos del PJ para el funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial, a garantizar el cumplimiento de obligaciones financieras y laborales señaladas en la reforma y, en suma, a tener un papel positivo a fin de reconstruir el orden constitucional y rencauzar las labores ordinarias del Poder Judicial.
Para tomar la oportunidad que se les presenta, los ministros pro oligárquicos deben deponer la arrogancia, el elitismo y el desprecio por la democracia que los ha caracterizado durante sus carreras, y en particular de cara a la reforma que será promulgada este fin de semana. Debe recordarse que, ante la iniciativa presidencial para sanear al PJ, los togados optaron por la cerrazón: en las múltiples ocasiones que tuvieron para dialogar y proponer, eligieron descalificar la transformación y reivindicar el indefendible statu quo; expresaron su convicción de encontrarse por encima del deber de rendir cuentas a la población y, en vez de dirigirse a la ciudadanía, realizaron conciliábulos clandestinos con políticos de derecha. Desde el inicio de su gestión, la ministra presidenta mostró su talante autoritario al negarse a dar cualquier explicación acerca de los fallos aberrantes de la Suprema Corte y los tribunales menores. Creyó ponerse por encima de 130 millones de mexicanos con un despótico "mis sentencias hablan por mí".
Con una conducta menos arrogante y un mínimo respeto a la soberanía popular consagrada en la Constitución, los ministros reaccionarios podrían tener un aterrizaje suave y dar una salida decorosa a su aventura facciosa. También, por supuesto, pueden mantener sus posturas contrarias a la mayoría de la sociedad, optar por encerrarse en su soberbia, completar su aislamiento y rubricar su fracaso con una última derrota autoinfligida.
Edición: Eemilio Gómez
