Opinión
Normando Medina Castro
09/10/2024 | Chetumal, Quintana Roo
No bastan señales del diálogo por parte de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, al acudir a un evento en el Senado y sostener una breve reunión privada con legisladores de Morena, sino acciones abiertas de respeto a la voluntad popular y acatamiento pleno a la Constitución General de México.
En la conmemoración de los 200 años del Senado mexicano, asistió la ministra Norma Piña con su cercana colaboradora Natalia Reyes Heroles y se reunieron en privado con el presidente de la mesa directiva Gerardo Fernández Noroña y el coordinador parlamentario Adán Augusto López, del PT y Morena respectivamente, lo cual se ha visto como un gesto de apertura al diálogo, pero la Reforma Constitucional al Poder Judicial ya está vigente y no depende de la aprobación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Norma Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Guiérrez Ortiz Mena
votaron a favor de someter a revisión de ellos mismos, la Reforma Constitucional del Poder Judicial, lo cual carece de sustento jurídico en opinión de la mayoría de los expertos Constitucionalistas del país y de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, que además de improcedente, califican la acción de los togados como un intento de golpe de Estado.
Eso significa que las acciones de los ministros en desacato de la Reforma Constitucional al Poder Judicial sólo son parte de una lawfare, contraria a la voluntad popular, a la Carta Magna de México, y a la Soberanía Nacional. Se apoyan en los poderes fácticos extranjeros, en especial de algunos sectores del gobierno de los Estados Unidos y poderosos empresarios que ven amenazados sus privilegios en México.
Los intereses de las grandes corporaciones extranjeras siempre se mantuvieron por encima de la ley y del bien común de los mexicanos en los gobiernos del PRIAN e incluso en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debido al veto de sus iniciativas de reformas constitucionales por los legisladores del PRI, PAN, PRD y MC, ya que Morena y sus aliados carecían de mayoría calificada. Cuando pasaban alguna ley secundaria con mayoría simple, el poder judicial las echaba para abajo.
La presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con mayoría calificada en las dos cámaras, lo cual maniata a la oposición mexicana. Los ministros de la corte identificados con el PRIAN tienen que demostrar con acciones concretas su respeto a la voluntad soberana del pueblo de México y a nuestra Carta Magna como están obligados. Sus gestos y guiños de nada sirven. Deben apoyar el proceso de transición o renunciar.
Las complicidades que se dan en los estados ha permitido el auge del crimen organizado. El perfil de la presidenta Claudia Sheinbaum y lo demostrado durante su gobierno en la Ciudad de México indican que no habrá tolerancia a esas complicidades. También esbozan que muy difícilmente le podrán mentir los expertos y expertas en simulaciones, cuya narrativa es contraria a los hechos de violencia de sus entidades. Las ejecuciones, el terrorismo de los cobros de derecho de piso, los levantones y secuestros, la violencia, son inocultables, Ni el mejor manejo mediático puede mitigar su estruendo. en fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño Estado.
¡Hasta la próxima!
Edición: Fernando Sierra
