Opinión
La Jornada
26/10/2024 | Ciudad de México
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se disculpó por el secuestro de miles de niños indígenas que entre 1800 y 1970 fueron raptados de sus comunidades y recluidos en internados donde se les forzaba a olvidar su cultura y adoptar la de los colonos europeos, incluyendo su conversión al cristianismo. El mandatario calificó esa política como uno de los capítulos más oscuros de su país, así como "un pecado en nuestras almas" que ninguna disculpa puede o podrá compensar.
Con este acto, Biden se convirtió en el último jefe de gobierno de los países norteamericanos que pide perdón a los pueblos indígenas por las atrocidades de las que fueron víctimas a manos del Estado, de otras instituciones y de particulares. En 2017, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se disculpó con los nativos de la provincia de Terranova y Labrador por un programa muy semejante al estadunidense. Entre 1863 y 1998, más de 150 mil niños fueron rehenes de instituciones donde se les prohibía hablar su idioma y donde, de acuerdo con los resultados presentados en 2015 por una comisión de la verdad y la reconciliación, sufrieron malnutrición, agresiones verbales, así como un abuso físico y sexual desenfrenado (en palabras del Parlamento canadiense) por parte de directores y maestros. La misma comisión determinó que alrededor de 3 mil 200 infantes murieron por abuso y negligencia en los 139 centros que llegaron a existir, pero otras organizaciones cifran en 6 mil las muertes ocurridas. Por la saña con que trataron a los indígenas, el jefe de la Federación de Naciones Aborígenes Soberanas de Saskatchewan, Bobby Cameron, llamó a esos internados "campos de concentración".
En 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dos años después llevaría a cabo varias peticiones de perdón en coincidencia con el 500 aniversario de la caída de Tenochtitlan a manos de los genocidas liderados por Hernán Cortés y de los 200 años de la consumación de la Independencia de México. López Obrador invitó a sumarse a esos eventos al rey de España, Felipe VI, y al dirigente de la Iglesia católica, el papa Francisco, en el entendido de que la corona hispánica, el Estado mexicano y la Iglesia tienen una responsabilidad compartida en el casi exterminio de los pueblos indígenas que tuvo lugar en el siglo XVI y en las múltiples formas de opresión y violencia física, moral, espiritual y cultural que han padecido desde entonces. Sin embargo, en 2021 únicamente la República Mexicana –a través del titular del Ejecutivo– y el Vaticano –mediante una misiva enviada por el sumo pontífice– participaron en los actos de desagravio, pues la Zarzuela consideró que la aniquilación del 90 por ciento de los habitantes originarios y el sometimiento de los sobrevivientes a la esclavitud no amerita ni siquiera una respuesta por parte del jefe de Estado.
Mientras otras naciones europeas piden disculpas por su pasado colonial, Madrid sigue celebrando el inicio de la conquista de América y del mayor genocidio perpetrado en la historia como su día nacional, así como romantizando de manera sistemática la obra de quienes masacraron a hombres, mujeres y niños, e hicieron todo lo que estuvo a su alcance para borrar cualquier rastro de sus culturas. La actitud de la Zarzuela y la Moncloa, así como las insolencias proferidas contra México por políticos, figuras mediáticas e intelectuales hispanos (o hispanófilos) en estos años, constituyen la enésima muestra de que los monarcas, la práctica totalidad de la clase política y una inquietante mayoría de la sociedad española siguen estancados en la mentalidad racista y colonialista de sus antepasados.
