Opinión
La Jornada Maya
04/11/2024 | Mérida, Yucatán
La diferencia central entre la percepción y la realidad es la medición de factores objetivos, y cuando se trata de servicios que el Estado considera parte de su función y por lo tanto deben ser públicos, existe la regla general de que estos son deficientes. Esto suele originarse en dichos que se han repetido hasta el cansancio y que no han podido ser cambiadas, ya sea porque se ha creado un ambiente según el cual todo lo que tenga su origen en el gobierno es malo, ya sea porque a pesar de grandes esfuerzos institucionales y presupuestales, no ha habido una estrategia de comunicación consistente y capaz de contrarrestar esas ideas enquistadas.
Pero cuando se va hacia aspectos mensurables, se tienen parámetros sobre los cuales diseñar programas y echar a andar proyectos de mejora que redunden por igual en beneficio de quienes requieren de la institución y quienes trabajan en la misma.
La tentación de los regímenes totalitarios es eliminar cualquier mecanismo de evaluación, no porque pretendan ofrecer los mejores servicios, sino porque los que brindan terminan por ser la única opción para recibir atención. Llámese en educación, seguridad, salud, y demás. Ahora bien, en México, el Consejo de Salubridad General (CSG) ha anunciado la suspensión del Modelo Único de Evaluación de la Calidad (MUEC) para clínicas y hospitales, pero esto no significa de ninguna manera que se vaya a pasar a un esquema en el cual toda medición resulte irrelevante.
Diseñado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, en la pasada administración, el MUEC tuvo por objetivo garantizar la seguridad de los pacientes; esto considerando que miles de clínicas de cirugía plástica, dental o de otra especialidad, aparecieron en unos pocos años, aprovechando resquicios legales y la existencia de un amplio recurso humano que cuenta con el amparo de un certificado escolar y título de dudosa validez.
El motivo de suspender el MUEC, se indica, es la falta de resultados, pero esto no es porque las unidades médicas no hayan respondido, sino a que apenas 17 obtuvieron la certificación correspondiente. Considerando que la muestra fue de 306 clínicas, consultorios o dispensarios, es difícil aceptar que exista faltas graves en todo ese universo, y también que el mecanismo evaluador esté tan mal diseñado; pero sí debe contemplarse que muchos carecían de la licencia sanitaria vigente.
Cuando se trata de alcanzar un estándar mínimo de calidad en atención tanto en servicios médicos públicos como privados, el contar con un MUEC sólido es clave para garantizar a cualquier usuario que se pone en manos de personas que cuentan con los conocimientos y técnicas necesarias para devolverle la salud y que no por falta de esta preparación se complique su padecimiento o adquiera una condición que ponga en riesgo su vida.
La premisa de que todo aquello en lo que interviene el gobierno resulta malo por el factor que se quiera no puede hacerse valer cuando lo que se busca cambiar para que dé los resultados esperados es el mecanismo evaluador. Las descalificaciones, también es necesario aclararlo, vienen de entes interesados a los cuales les conviene que permanezca como verdad absoluta la percepción de que el Estado brinda servicios deficientes; pero por lo pronto estamos ante instancias que están buscando precisamente lo contrario: que al menos en salud, las unidades médicas que atiendan a población no derechohabiente, que serán las del IMSS-Bienestar, cuenten con una certificación de calidad y que a partir de parámetros medibles puedan compararse con las clínicas y hospitales del sector privado.
Queda esperar el anuncio de la entrada en vigor del nuevo MUEC y que ahora exista obligatoriedad y participen las más de 120 mil unidades médicas que existen en el país. La salud de los mexicanos va de por medio.
Edición: Fernando Sierra
