Opinión
La Jornada Maya
06/11/2024 | Mérida, Yucatán
El mensaje del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, en el que dio cuenta de un déficit de 808.23 millones de pesos que corresponden a adeudos de la administración que encabezó Mauricio Vila Dosal, es poco menos que un abrupto despertar para muchos.
Un abrir los ojos, porque por buena parte de su sexenio, Vila Dosal figuró como el gobernador mejor evaluado de México, y la percepción que dejan estas irregularidades es que, a pesar de ello, no se trató de una administración eficiente.
A la postura hecha pública ayer habría que contrastarla con las opiniones y experiencias de los integrantes del Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Gobierno del Estado de Yucatán, que trimestre tras trimestre revisaron y avalaron las cuentas del gobierno de Vila.
Ese consejo, se supone, es un organismo ciudadano que colabora en la asignación y vigilancia del dinero público que ejercen las dependencias y los programas gubernamentales.
De la misma manera habría que preguntar a los funcionarios del gobierno actual por qué no detectaron durante la entrega-recepción un faltante de la magnitud que reveló el gobernador Díaz Mena en la rueda de prensa de ayer; si durante ese proceso no se hallaron las irregularidades denunciadas, habría que modificarlo para que no vuelva a suceder en el futuro.
Las declaraciones del gobernador habría igual que compararlas con el tercer informe trimestral de la cuenta pública, publicado ya durante su administración. Según ese documento, las finanzas públicas de Yucatán tienen un *balance positivo de mil 615 millones de pesos.
Ahora bien, lo preocupante no es si habrá acciones legales en contra de quienes resulten responsables del faltante denunciado por Díaz Mena, sino que no es la primera vez que una nueva administración hace público que la precedente deja muy pocos recursos para ejercer, apenas para pagar aguinaldos a la burocracia, y las consecuencias son nulas, o es una receta ya conocida por la ciudadanía: se anuncia un plan de austeridad, recortes a gastos “superfluos”, y se despide al personal que se encuentra por contrato… para que en enero entren nuevos.
Lo que terminará por hacer la diferencia es que se rompa el ciclo de acusaciones y se pase a la exigencia de rendición de cuentas. Cuando faltan 417 millones de pesos en seguridad pública y salud —como se declaró ayer— significa que hay irresponsabilidad en el manejo del presupuesto.
Si a esto agregamos “contrataciones realizadas sin expedientes que justifiquen la viabilidad de las adquisiciones”, terminan por reforzarse las versiones de quienes en algún momento indicaron que se realizaron obras sin el estudio ni la calidad que la situación requería.
Queda pues, el pendiente de presentar las denuncias correspondientes y que las instancias competentes actúen en consecuencia. Nadie está exigiendo arrasar con todas las personas que integraron la administración pasada, pero sí que quienes autorizaron obras de mala calidad, expliquen los motivos de sus decisiones.
Seguramente se podrán configurar responsabilidades administrativas, que no resultan tan mediáticas como las penales, pero se trata de establecer el precedente de que para ser la administración mejor evaluada no sea sinónimo de la menos mala en el momento.
Edición: Fernando Sierra
