Opinión
La Jornada Maya
19/11/2024 | Mérida, Yucatán
Mientras en México, el promedio de muertes por causas externas, como pueden ser accidentes, homicidios y suicidios, es de poco más del 10 por ciento, en Yucatán éste último representa el 30.1 por ciento de los decesos ocurridos durante 2023, según reveló la Estadística de Defunciones Registradas (EDR), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En términos absolutos, el porcentaje se traduce en 343 muertes autoinfligidas en Yucatán, cantidad que supera a las 286 personas que se quitaron la vida, durante 2023, en Campeche y Quintana Roo; una estadística que desafía cualquier explicación que se intente desde el rubro de la salud pública.
Si aceptamos como válida la hipótesis según la cual quien se suicida no desea dejar de vivir o provocar dolor a sus familiares, sino dejar de sufrir, entonces es obligatorio preguntarnos qué tiene Yucatán que produjo tal nivel de sufrimiento en 343 de sus habitantes. El hecho de que se supere a los otros dos estados peninsulares es también significativo, pues entre ambos suman también una cantidad similar de habitantes; de manera que no debe entenderse que algún factor medioambiental es el principal detonante.
Lo preocupante es también la consistencia de la estadística en los últimos años. Si 343 habitantes de Yucatán se quitaron la vida durante 2023, 374 lo hicieron en 2022 y 341 hace tres años, según la misma EDR. En otras palabras, la entidad no ha logrado salir del trágico “top five” de muertes por suicidio.
Por otro lado, también hay otros problemas sociales que pueden asociarse al suicidio, como es el alcoholismo, pero que a su vez tienen otras causas más profundas y que se hunden en la estructura socioeconómica del estado. Parte del análisis, si de verdad se quiere reducir esa estadística, pasa por tomar en cuenta que los hombres suelen ser las víctimas más frecuentes, siendo más de cuatro por cada mujer que se quita la vida. Aquí no se trata de decir que son quienes sufren más, sino de reconocer que suelen optar por métodos más efectivos, como el ahorcamiento o el uso de un arma de fuego.
Hablamos entonces de la persistencia en la falta de oportunidades de desarrollo personal y de obtener los medios suficientes para una vida digna, de la discriminación que sufre la población maya para acceder a la escolaridad o a fuentes de empleo que vayan más allá del servicio doméstico y la mano de obra no calificada.
Hablemos de la falta de acceso a una alimentación adecuada y suficiente para miles de familias, que contrasta con el alto consumo de bebidas alcohólicas y sobre todo de las azucaradas y gasificadas, al igual que con carbohidratos ultra procesados. Los cuerpos suelen advertir cuando hacen falta nutrientes, pero cuando se crean deficiencias crónicas, algún efecto hay en la salud mental.
Y hablemos, desde donde cada uno pueda, con nuestros seres queridos. Aún hay familias que quedan marcadas porque uno de sus integrantes optó por el suicidio, o sobrevivió a él. La prevención no es responsabilidad exclusiva de las autoridades, porque cuando alguien recurre a líneas de atención o busca ayuda profesional es porque siente que su red de apoyo inmediata le es insuficiente. De lo contrario, esa vergonzosa estadística seguirá ahí por muchos años más, independientemente de los cambios de gobierno y políticas de apoyo. Yucatán se presume como el mejor lugar para vivir; no debiera serlo también para quitarse la vida.
Edición: Estefanía Cardeña
