¡México is back!

¡México está de regreso! Fue el grito alborozado de uno de los asistentes a la decimosexta Conferencia de las Partes del convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16), recientemente celebrada en Cali, Colombia, con el que expresó no solamente el regocijo ante la postura mexicana presentada por la doctora Bárcena durante el evento, sino también una crítica súper sintetizada a lo que fue una posición gris, cuando no inexistente, del Estado mexicano en los foros internacionales acerca del medio ambiente a lo largo de más de dos décadas de política ambiental ineficaz, desdibujada y displicente. Aunque el inicio es francamente alentador, el camino en adelante, un trayecto que deberá probar la capacidad de concretar lo que hoy parece ser una colección de muy saludables intenciones, resulta una empinada cuesta arriba, con el viento en contra.

La secretaria Bárcena tiene claro el camino y cuenta además con una formidable caja de herramientas para fortalecer la protección de los ecosistemas nacionales, los servicios ambientales que aportan a la humanidad y la biodiversidad que alojan dentro de nuestro territorio. Con un sustento jurídico potente –a pesar de los efectos que puedan desencadenar las atropelladas reformas constitucionales de estos días– Alicia Bárcena podrá echar mano de áreas naturales protegidas, áreas privadas voluntariamente destinadas a la conservación, unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre, corredores biológicos y reservas bioculturales, entre otros instrumentos, para lo que es hasta ahora una declaración de principios y la asunción de un compromiso de Estado.

Cuenta además con un arreglo institucional que puede resultar un arma poderosa, aunque requerirá algunos toques para fortalecerlo y dotarlo de una capacidad humana y operativa que se ha venido erosionando a lo largo de ya un buen número de años. A pesar de los embates que sufrió recientemente, ahí está la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), en espera de un nuevo aliento que la permita operar con todo su potencial. También se cuenta todavía con la Comisión Nacionales de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el consejo que le da un valioso respaldo técnico, así como una vía importante de interlocución con la comunidad conservacionista y científica; y desde luego la comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional del Agua, sin cuya participación sería inconcebible emprender la potente campaña nacional de restauración que nos ofrece la secretaria.

Pero a estas hojuelas les falta la miel: habrá que ver si se las pone el arreglo presupuestal de una administración empeñada en incrementar el gasto social vía subsidios, el estímulo al desarrollo mediante la promoción de obras públicas de gran envergadura, el fortalecimiento de las fuerzas armadas y la multiplicación de sus atribuciones y facultades. Para empezar, el presupuesto de egresos que se ha presentado en estos días incluye una reducción de casi 40 por ciento en los recursos dedicados a la política ambiental en México. Aunque es cierto que la mayor parte del recorte se concentra en el gasto de inversión, resulta difícil entender cómo se pretende hacer congruente el discurso del poder Ejecutivo, con un claro contenido ambientalista, con el exiguo presupuesto destinado a convertirlo en política pública. El sector es, después de la defensa, el que sufrirá un recorte mayor. Mientras tanto, una de las acciones que sí recibirá un incremento de presupuesto es la de infraestructura, comunicaciones y transportes. No quiero decir con esto que considere que no se debe invertir en obra pública. Solamente enfatizo el hecho de que me resulta difícil conciliar el compromiso expresado por la doctora Bárcena, de emprender un gran programa nacional de restauración ecológica, cuando para hacerlo contará con un presupuesto exiguo, mientras la inversión de los recursos públicos se destinará a acciones que, por su propia naturaleza, entrañarán impactos ambientales considerables, y habrá que ver si esas obras se ciñen a la ley vigente y se someten a procedimientos de evaluación del impacto rigurosos y efectivos.

También está por verse si con esta extrema austeridad “republicana” (¿qué es lo que la hace republicana?, me pregunto), el estado contará con la fortaleza institucional necesaria, encarnada en la Procuraduría Federal de protección al Ambiente y sus contrapartes estatales, donde existen, para vigilar el cumplimiento de las condicionantes y límites impuestos al desarrollo de obras públicas, al tiempo que inspeccionan, vigilan y sancionan las violaciones que seguramente continuarán aconteciendo en acciones irregulares de extracción de recursos forestales, tráfico de especies de fauna y flora silvestre, uso inapropiado de fuentes y cuerpos de agua, invasión en áreas naturales protegidas, disposición inadecuada de residuos industriales o municipales, o emisiones a la atmósfera.

Visto lo visto, y dada la incongruencia que ofrecen los discursos contra los números, me temo que el grito alborozado del asistente a la COP16, que antes de conocer la propuesta de presupuesto de egresos vimos como un clamor esperanzador a la luz del lúcido discurso de Alicia Bárcena, se ensombrece y me hace reconsiderar la traducción: quizá no debe pensarse que el “México is Back” signifique que nuestro país está de regreso en la pugna global por recuperar la calidad ambiental de un planeta, cada vez más deteriorado, sino que se trata de un estado que marcha hacia atrás en la implementación de una política ambiental que muchas veces ha sido vanguardista, para intentar la construcción apresurada de un modelo de desarrollo de probada insustentabilidad.

Edición: Estefanía Cardeña