Opinión
La Jornada
26/11/2024 | Ciudad de México
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) firmaron con los gobernadores de las 32 entidades federativas el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, cuyos objetivos centrales son garantizar el derecho humano del agua, asegurar la sostenibilidad de los recursos producidos en el país, fomentar un cuidado y manejo responsable del líquido y avanzar en la seguridad alimentaria.
La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, calificó de histórico el pacto por representar "un cambio de paradigma, un paso hacia un modelo integral de desarrollo sostenible, que supere la visión extractivista, privatizadora y desigualadora del periodo neoliberal".
La implementación del acuerdo, el cual forma parte del Plan Nacional Hídrico 2024-2030 dado a conocer la semana pasada, conlleva avances tan importantes como la devolución por parte de empresas, distritos y unidades de riego de los volúmenes del líquido que les fueron concesionados por administraciones anteriores y que hasta ahora no ocupaban ni permitían su uso para satisfacer las necesidades sociales, así como un mayor esfuerzo en la reforestación y el cuidado de los humedales con el fin de contrarrestar los efectos del cambio climático.
Sin duda, esta institucionalización del nuevo paradigma supone noticias muy positivas para el medio ambiente y para los millones de mexicanos que carecen de este recurso en cantidad y calidad suficientes. Sin embargo, está claro que los ambiciosos objetivos establecidos se encontrarán con obstáculos infranqueables mientras no se concreten las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la Expedición de la Ley General de Aguas contempladas en el Plan Nacional Hídrico.
Debe recordarse que en la actualidad la norma rectora en la materia es la Ley de Aguas Nacionales promulgada en 1992 por Carlos Salinas de Gortari, una legislación neoliberal que responde a los intereses privados y que convierte el agua en un objeto de lucro sin tomar en cuenta las necesidades humanas.
La ley salinista ha beneficiado a un puñado de individuos y corporaciones con esquemas de concesión que en la práctica se ejercen a perpetuidad, con precios tan irrisorios que las industrias derrochan agua potable en procesos que podrían –y deberían– llevarse a cabo con aguas tratadas o reutilizadas; todo ello, mientras las comunidades carecen del líquido hasta para sus más elementales necesidades.
El esquema de entrega de los recursos naturales a los grandes capitales, así como a personajes de la política y la farándula, se puso en práctica con tal desmesura en el periodo neoliberal que entre 1995 y 2019 se incrementaron 3 mil 191 por ciento las asignaciones y concesiones para la explotación del agua.
La privatización fue acompañada del acaparamiento, pues 3 mil 404 usuarios concentraron 22 por ciento del líquido concesionado del país; es decir, 1.1 por ciento de los concesionarios aprovechan más de una quinta parte del recurso.
Si tal esquema de enriquecimiento privado con bienes públicos es inmoral en cualquier circunstancia, se ha vuelto insostenible en el contexto actual de estrés hídrico en que la escasez de agua afecta a 35 millones de personas y 80 por ciento de los municipios padecen distintos niveles de sequía.
Cabe esperar que se dé celeridad al diseño, discusión y aprobación de un marco legal que sustituya la nefasta desregulación salinista y haga efectivo el derecho humano al agua consagrado en la Constitución, pues sólo de este modo podrán conseguirse los objetivos del acuerdo signado ayer.
Edición: Ana Ordaz
