Opinión
Normando Medina Castro
27/11/2024 | Mérida, Yucatán
Fortalecer el estado de derecho a lo largo y ancho del país, sin excepciones, es una tarea que no admite postergaciones ni justificaciones, debe acometerse de manera interinstitucional, con acciones de carácter social que ataquen las causas, pero también con operativos punitivos cimentados en el uso de la fuerza, cuyo monopolio debe ser del gobierno, sin concesiones.
El operativo “Enjambre” aplicado en el Estado de México arrojó un saldo de siete funcionarios municipales detenidos, incluyendo mandos policiacos y una alcaldesa, todos con órdenes de aprehensión de un total de 14 otorgadas por jueces. Ojalá incluyan a los más poderosos funcionarios públicos en complicidad con el crimen organizado y sin importar el partido político al que pertenezcan.
Por lógica, la aplicación de “Enjambre” y su réplica en toda la geografía nacional, implica la inhibición pronta de la inseguridad y la violencia, por el mensaje implícito: “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.
Si la aplicación del operativo “Enjambre” solo busca los reflectores y congraciarse de manera efectista con el presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump, no tendrá mayor trascendencia, e incluso podría terminar como el tristemente recordado “Michoacanazo” del ex presidente panista, Felipe Calderón Hinojosa y su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna con la detención escandalosa de varios presidentes municipales que después recuperaron su libertad sin mayores complicaciones.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch tiene todos los apoyos y respaldos, además de facultades legales y atribuciones que le otorgaron para alcanzar resultados concretos que se sientan y aprecien en todo en país. Durante muchos años, el crimen organizado era tolerado por los gobiernos, pero estaba comprometido a no dañar a la ciudadanía. Su negocio era el narcotráfico, sobre todo el trasiego al extranjero. El consumo local de drogas creció en gobiernos neoliberales y los delitos se han diversificado y afectan directamente a toda la ciudadanía, como el cobro de “derecho de piso” que golpea la economía del país, afecta el abasto agropecuario, es factor de inflación, provoca cierre de negocios con la consiguiente pérdida de empleos, además inhibe el crecimiento, afecta la imagen y el turismo. Es inconcebible sin la participación de políticos, corporaciones civiles y militares. La venta de plazas solo pueden hacerla los poderosos ahora impunes. Al combate de la corrupción de funcionarios que ahora parece en serio, todavía falta la aportación de Raquel Buenrostro.
En Quintana Roo, gobernador por el Partido Verde y Morena, con el eslogan de “gobierno humanista, de corazón feminista” las madres buscadoras siguen desesperadas esperando apoyo; el día internacional de la violencia contra la mujer, los familiares de Melissa Aurora, desaparecida en el antes tranquilo Bacalar desde octubre, se manifestaron para pedir ayuda. El 9N de la represión contra familias en Cancún en el olvido oficial. Las fichas de búsqueda de desaparecidos, entre ellos algunas niñas, ya son el pan amargo de cada día. Y el dirigente del “sindicalismo charro” de la 4T Pedro Haces amenaza con dar un golpe mortal a meseros, mucamas, porteros, “viene-viene”, franeleros, y todos los que reciben propinas, las cuales pretende fiscalizar. ¡Uffff! En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño Estado.
¡Hasta la próxima!
Edición: Fernando Sierra
